El nuevo Govern del 21-D estará a expensas del juez Llarena

El más que posible nuevo Govern  independentista que podría formarse a raíz de las elecciones del pasado jueves estará en manos del juez Pablo Llarena. Esto es lo que consideran los juristas consultados por el Diari, los cuales ven viable que Carles Puigdemont o Oriol Junqueras puedan ser investidos como President, pero auguran muchas dificultades en el día a día y la gobernabilidad del futuro Consell Executiu. 

Los comicios del 21 de diciembre consolidaron la mayoría soberanista en el Parlament de Catalunya con los setenta diputados electos que sumaron entre Junts per Catalunya (34), Esquerra Republicana (32) y la CUP (4). Pese a ello, 18 de estos representantes están siendo investigados por parte de la justicia, ya sea por rebelión o desobediencia. 

Esta circunstancia, además, se agrava por el hecho de que cinco titulares de escaños se encuentran en Bélgica (Carles Puigdemont, Lluís Puig y Clara Ponsatí, de Junts per Catalunya; y Toni Comín y Meritxell Serret, de ERC), mientras que otros tres están encarcelados (Oriol Junqueras, de ERC; y Jordi Sànchez y Joaquim Forn, de JxCAT). Asimismo, hay otros nueve que se encuentran en libertad bajo fianza (Jordi Turull, Josep Rull y Lluís Guiñó, de la Llista del President; y Raül Romeva, Carme Forcadell, Carles Mundó, Josep Maria Jové, Dolors Bassa y Lluís Salvadó, de Esquerra). Por último, Marta Rovira (ERC) está siendo investigada. 

Perder votaciones

Todo este panorama provocará que la viabilidad del nuevo Govern y la mayoría absoluta independentista en el Parlament estén en manos del juez Llarena. 

«El voto es personal.  Si los que están en Bélgica vienen a España, irán a prisión», Francisco Zapater, abogado

«Hay que distinguir dos aspectos. Uno, la toma de posesión del acta de diputado (o sea, recoger el acta), que puede hacerse delegando en un tercero, por ejemplo un apoderado del partido. Y dos, participar en las votaciones del Parlament, que es personal, salvo en  los supuestos de baja por maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad» sostiene el abogado Francisco Zapater. En este sentido, el jurista considera que ese obstáculo podría salvarse reformando el artículo 93 del reglamento de la cámara, «en el sentido de incluir también el supuesto de estar en prisión, pues en realidad se trata de una causa de fuerza mayor equiparable a la maternidad o enfermedad», indica. Sin embargo, Zapater cree que incluir también a los que están en Bruselas «sería más polémico, pues no vuelven porque no quieren, no porque no pueden» añade. 

Zapater recuerda, en este sentido, que los diputados que están en Bélgica tienen una orden de busca y captura. «Cuando lleguen a España serán detenidos y puestos a disposición de Pablo Llarena inmediatamente, y éste decidirá si los ingresa o no en prisión. Parece evidente que dictará prisión sin fianza, aunque solo sea para no producir  un agravio comparativo con los que están en prisión. No sería lógico que quien comparece voluntariamente ante el juez lleve dos meses y pico en prisión, y quien huye, en cambio, sea puesto en libertad» argumenta Zapater.

«Los encarcelados sólo podrán salir a votar cuando quiera el juez Llarena», Cèsar Puig, abogado

Por ello, el especialista en derecho administrativo Cèsar Puig -que hasta el 27 de octubre fue el secretario general de la Conselleria d’Interior- cree que los que estén en el futuro en prisión deberán pedir muy a menudo permisos al juez instructor para poder participar en las votaciones. « Cada vez estarán a expensas de la voluntad del juez para poder ir a votar, ya que no hay jurisdicción al respecto y dependerán exclusivamente de lo que decida el magistrado» afirma Puig, quien advierte de que las dificultades no serán sólo para la acción parlamentaria, sino también para las reuniones del Consell Executiu. «Los consellers o el President sólo podrán salir de la cárcel cuando quiera el juez, por lo que la gestión del día a día será muy complicada», lamenta. 

«A favor de pedir permisos al magistrado estaría el argumento de que el interno solo está privado de un derecho, la libertad, pero mantiene todos los demás. En contra, sin embargo, está el hecho de que si se les permite salir sentaría un precedente (y además, del Supremo) que querrían utilizar muchos otros en el futuro» añade Zapater.

Regresará «lo antes posible»

Por su parte, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aseguró ayer que quiere regresar a Catalunya «lo antes posible» para ser nuevamente investido como máximo representante de la Generalitat. El político gerundense  apuntó que si no se le permite jurar su cargo como President «sería una anormalidad muy importante para el sistema democrático español». 

Asimismo, el portavoz de Junts per Catalunya y diputado electo, Eduard Pujol, solicitó ayer al Rey Felipe VI que «retorne a la figura de árbitro que siempre ha tenido el Jefe de Estado» y que no «riña» y se «posicione al lado de una determinada postura».