Las residencias suspenden la gestión de las administraciones públicas durante la pandemia

La gestión de las residencias de ancianos catalanas por parte de las administraciones públicas durante la pandemia del Covid-19 dejó mucho que desear, según revela una encuesta realizada por la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) a sus asociados que recoge el impacto de la pandemia en los servicios de atención a las personas mayores y la valoración que hacen de su gestión.

Según el resultado de esta encuesta, un 60% de las residencias catalanas suspende la actuación de la administración durante la pandemia y el 86,3% considera insuficientes los recursos destinados por las administraciones publicas para gestionar la situación. Concretamente, el 92,7% cree que faltaron equipos de protección y tests para el personal.

La encuesta también visualiza el esfuerzo realizado por las residencias para superar la difícil situación que vivieron aquellas duras semanas, especialmente de marzo y abril. Así, más del 96% de las residencias han extremado las labores de limpieza, han aplicado protocolos, han formado a su personal y han restringido las visitas. El 91,5% ha creado áreas limpias para las visitas y casi la totalidad aplica los requerimientos de salud para los nuevos ingresos.

A pesar de la situación vivida, más de la mitad de las residencias consideran que aumentarán las inversiones en sus centros y un 83% mejorará la disponibilidad de equipos de protección e incrementará los planes de formación para los profesionales para continuar ofreciendo los parámetros de calidad actuales.

Las residencias catalanas también se muestran partidarias de continuar bajo el paraguas del Departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya, mientras que un 74,5% sigue denunciando la congelación de las tarifas y la falta de personal cualificado.

Sobre los resultados de esta encuesta, y concretamente sobre la pobre valoración que hacen las residencias catalanas de la gestión por parte de las administraciones públicas de la pandemia, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, comenta al Diari que «aquellos momentos duros que vivimos marcaron la vida de la gente y es normal que el recuerdo de la gestión no sea el mejor».

No obstante, Pascual valora que «Catalunya haya sido la que mejor ha planificado las residencias para afrontar una segunda oleada del Covid-19», según revela el estudio ‘¿Estamos preparados para la Covid?’, realizado por el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs), y que precisamente ayer presentó en Madrid la propia Pascual, presidenta de esta entidad, tras asistir al Consejo General del Imserso.

España, en «alerta naranja»

Según este estudio, España está en «alerta naranja» ante los brotes de Covid, ya que la mitad de las comunidades no disponen de un plan de contingencia para las residencias y no todos los centros cuentan con reservas de equipos de protección para un mes. La mayoría de las comunidades reconocen que la pandemia es un problema de salud pública.

De hecho, ocho de ellas han derivado la gestión de los protocolos de atención en las residencias a los departamentos de Sanidad «al menos durante la pandemia», como es el caso de Catalunya. El informe otorga tres niveles: rojo, naranja y verde a las actuaciones de las administraciones regionales: solo Catalunya está en verde.

Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana están en naranja y Galicia, Asturias, Navarra, Aragón, Madrid, Extremadura, Andalucía y Canarias rojo. Murcia, La Rioja y Baleares no han facilitado datos. Mientras que la mayoría de las residencias (72,7 %) disponen de un plan de contingencia individual frente a la Covid, las comunidades no han establecido criterios o pautas comunes.

Solo ocho de ellas (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Catalunya, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra) cuentan con un plan de contingencia para el sector social.

La disparidad de criterios se manifiesta también en la dotación de los centros de equipos de protección y de test.

Si bien hay comunidades como Cantabria, Catalunya o Castilla-La Mancha que los facilitan indistintamente a residentes y profesionales, otras como País Vasco o Comunidad Valenciana solo a los segundos, y Madrid, Galicia, Aragón o Andalucía, a ninguno de ellos.

Pruebas PCR

En el caso de las PCR, todas comparten la idea de que los reingresos o nuevas altas en residencias así como la contratación de nuevos profesionales no puede realizarse sin haber realizado un test con anterioridad, en un plazo máximo de tres días. Pero lo que sí varía es quién se hace cargo de estos PCR ya que hay regiones en las que nadie los financia o facilita dejando en un limbo a las personas mayores que quieren o necesitan vivir en un centro especializado.

«Hay comunidades que hacen la prueba rápidamente, hay otras que tardan tres días, otras siete», señaló Pascual, quien precisó que si no se tiene claro qué personas tienen el virus y cuáles no es imposible llevar a cabo el necesario aislamiento.

Pascual dijo que no se puede cambiar que las residencias sean espacios donde convive mucha gente, pero hay comunidades como Catalunya, en la que se han creado pequeñas unidades de convivencia de 10 a 15 personas, que en caso de contagio facilitan el aislamiento. Durante la reunión del Consejo, Pascual reclamó las cifras de fallecidos en las residencias, que aun no se han facilitado, lo que ha considerado «una debilidad de nuestro país».