El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
La Fiscalía ha solicitado siete meses de prisión por incitación a desórdenes públicos durante la Semana Santa de 2018 para la activista de los Comitès de Defensa de la República (CDR) de Viladecans Tamara Carrasco, que estuvo más de un año confinada en su localidad por orden de la Audiencia Nacional.
El fiscal la acusa de «impartir directrices» sobre los cortes de carreteras y otras acciones reivindicativas que los CDR llevaron a cabo aquellos días. Le imputa un delito de distribución o difusión pública de consigna para incitar a desórdenes públicos por «coordinar» actos «reivindicativos» a través de un mensaje de audio de WhatsApp.
«La intención es la distracción policial, que tengamos a todos los Mossos y Policía Nacional repartidos por toda Catalunya y no puedan», señala supuestamente la activista en el mensaje, transcrito en el informe de calificación.
Carrasco también habría detallado que la «consigna» era lograr «un movimiento en las calles y justificar la huelga general», y comunica «dos cortes» en Ponent, otro en la Jonquera y tres en las Terres de l’Ebre, así como otras afectaciones en vías comarcales y acciones «más heavies» en la ciudad de Barcelona. De acuerdo con el fiscal, Carrasco explica que las acciones preparadas para el siguiente martes eran de «sabotaje» pero «sin violencia» y baraja varias posibilidades, entre ellas afectar «algo de la fibra óptica» y las «conexiones ferroviarias» para «putear las mercancías».
Detalla además que, de cara a una posible «huelga indefinida» convocada por sindicatos, se podría invadir el Aeropuerto de Barcelona, aunque admite que «es muy jodido» porque «te puede disparar la Guardia Civil», por lo que propone trasladar la acción al Puerto o a Mercabarna. «Si pudiéramos parar el puerto sería brutal porque dejaríamos sin suministros a las Baleares, los chinos se cabrearían, muchas mercancías, como por ejemplo la Seat que transporta los coches en barcos», continúa.
Para el Ministerio Público, las «consignas lanzadas» por la acusada fueron el motor para que «una multitud indeterminada de personas», entre el 26 y el 27 de marzo de 2018, perpetrara actos «para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y perturbar la convivencia y el normal desarrollo de la vida de las personas» empleando, entre otros, «neumáticos quemados».
Carrasco fue detenida en abril de 2018 acusada de rebelión y terrorismo. La Audiencia Nacional, competente para investigar dichos delitos, le impuso la prohibición de salir de su localidad pero acabó remitiendo el caso a la justicia ordinaria.
