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La Policía Nacional ha destapado un fraude de más de 18 millones de euros a la Seguridad Social en Catalunya, en una operación -que han denominado 'Fregona'- en la que han sido detenidas 26 personas e investigadas otras 10 pertenecientes a tres grupos delictivos que han sido desarticulados. Uno de ellos llegó a poner al frente de una empresa a una niña de tres años con el objetivo de ocultar al verdadero titular de la mercantil y otro conformó un entramado de hasta 17 empresas, 13 de ellas deudoras y cuatro patrimoniales donde ocultaban sus beneficios, principalmente del sector del transporte de mercancías por carretera.
Las investigaciones comenzaron a mediados del pasado año cuando los agentes recibieron 18 denuncias sobre la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social en Catalunya. Los agentes investigaron a un total de 36 personas como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución, fraude a la Seguridad Social y grupo criminal y descubrieron que habían generado un fraude por valor de 18,18 millones de euros.
En uno de los casos, la sociedad investigada nació con la idea de ser un instrumento para el delito y, para ocultar al dueño real de la empresa, el cabecilla de la trama la puso a nombre de su hija, de tres años de edad, con la connivencia de su expareja. Además, el principal investigado puso como testaferro a su hermana mientras que él mismo se atribuyó el poder general de actuación de la empresa para hacer y deshacer libremente, siendo reconocido por los trabajadores como su jefe, según explicó la Policía en una nota de prensa enviada este miércoles.
A su vez, para llevar a cabo el fraude y reducir costes, contrataba a sus empleados sin contrato o, en el mejor de los casos, dándoles de alta media jornada pero obligándoles a realizar transportes de mercancías en jornadas de hasta 12 y 14 horas. Todo por un sueldo que rondaba los 800 euros. Como había tal demanda de negocio y beneficios, el propio cabecilla, pese a tener retirado el carné de conducir, conducía y, cuando era multado, usurpaba la identidad de antiguos trabajadores de la empresa con el fin de echar la culpa a otros. Con este afán de necesidad de ingresos, y ante el acoso que sufría para el cobro de la deuda, decidió facturar los portes de la empresa a la cuenta del sobrino para ocultar de esta forma su verdadera entrada de efectivo.
El perjuicio económico a la Seguridad Social asciende a 308.689 euros, si bien sólo en los dos años investigados tuvieron un beneficio de 618.837 euros, cantidad más que suficiente para haber afrontado sus deudas.
