Adelante la reclamación patrimonial de 10 millones contra el Ayuntamiento de Calafell

La discrepancia entre la propiedad de los cines de Calafell y el Ayuntamiento se tensan cada vez más y se resolverán en los tribunales. El cambio de la calificación de la finca que decretó el consistorio para evitar que pueda acoger una superficie comercial, motivó una reclamación de 10 millones de euros por parte de la propiedad.

Ahora el Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones presentadas por la propiedad de los cines y acudirá a la Comissió Jurídica Assesora para que emita un iforme sobre la legalidad de la medida tomada por el consistorio. El Ayuntamiento busca avalar jurídicamente la modificación urbanística que aprobó.

Ante la desestimación de las alegaciones, la propiedad de los multicines, reitera que se mantiene la reclamación patrimonial de 10 millones de euros contra los concejales que aprobaron el cambio urbanístico y que ya se verá qué sentencian los tribunales. De momento se suspende la tramitación hasta que la Comissió Assessora emita un dictamen.

Cadena comercial

El enfrentamiento parte de la intención del dueño de los cines de cesar una actividad que ya no ofrece la rentabilidad empresarial y pretender destinar la nave a un centro comercial para el que ya había llegado a un acuerdo con una cadena de supermercados, pero que no pudo cerrarse por la modificación urbana de la finca.

Esa parcela tenía desde su origen calificación de comercial, pero el Ayuntamiento cambió el uso para centrarlo en actividad cultural privada. Pueden ser unos cines u otra con ese sentido.

El Ayuntamiento argumentó un error desde el inicio del planeamiento urbanístico hace dos décadas y que ahora pretendía resolverse. Además del interés en mantener una actividad de cines que considera satisfactoria para el municipio y los vecinos. El alcalde destaca que cuando se permitió desarrollar la zona comercial de Mas Mel, donde hay un Caprabo, Mc Donald’s y se prepara la llegada de Veritas y Rossmann, estaba condicionado a que hubiese multicines, por lo que considera que no pueden eliminarse.

Interés público vs propiedad privada

El cambio de calificación urbana genera un debate entere el interés del municipio y el de la propiedad a poder realizar en su finca lo que considere. Además de la afectación que ha supuesto no poder cerrar un acuerdo con la empresa interesada en instalarse en la nave.

El alcalde defiende que una propiedad privada no puede hacer lo que quiera. “Es el Ayuntamiento quien decide lo que se puede hacer en cada zona” y considera que la reclamación patrimonial “es una presión de la propiedad. Estamos para tomar decisiones para el pueblo, no para el interés de un privado”.

La oposición advierte que en el caso de un fallo contra el Ayuntamiento hay que tener en cuenta si el seguro cubriría una decisión como la modificación urbana si no esté ajustada a derecho.

El equipo de gobierno ya explicó que fue avalada por la ha sido avalada por la Comissió d’Urbanisme del Penedès. Esa aprobación por parte de Urbanisme de la Generalitat era imprescindible para la modificación del planeamiento urbano.

En todo caso se activa un largo proceso.