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El Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentado una alegación a la modificación de la Ley de Costas que ha abierto el gobierno para que los clubes de vela puedan tener una superficie máxima de 700 metros ante el requisito actual, que exige como mucho sólo sean de 300, un hecho que amenaza la supervivencia de hasta siete instalaciones a corto plazo una vez han agotado la concesión, una de ellas la de Torredembarra.
Paralelamente, la Generalitat también ha propuesto que los clubes históricos que tengan que renovar la concesión puedan hacerlo sea cual sea su superficie actual, tal como el ejecutivo español lo permitió hacer con los locales de restauración en 2014; y que los 300 metros cuadrados máximos puedan flexibilizar y 300 puedan ser para actividades náuticas y 300 para actividades sociales. En caso de que estas alegaciones no sean atendidas, la Generalitat no descarta asumir la gestión de las concesiones de estas instalaciones.
Según ha señalado este jueves el consejero de Territori, Damià Calvet, tras reunirse con el presidente de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, la combinación de todas las alegaciones podría salvar la «totalidad de los clubes», aunque que, añadió, «siempre habría ajustes a hacer» y habría que analizar cada caso «uno a uno» y «codo a codo» con los mismos clubes y la federación.
Siete clubes amenazados
Los siete clubes que ven amenazada su actividad son los de Pineda de Mar, Calella, Vilassar de Mar, el Bétulo de Badalona, Castelldefels, Cubelles y Torredembarra; además del de Calella, en el Maresme, que ya ha tenido que cerrar, según ha detallado el conseller.
Calvet ha defendido la función «social y deportiva» de los clubes de vela en estos municipios costeros y dijo que cada uno de ellos presenta una casuística diferente.
Actualmente, hay 68 clubes náuticos federados, 32 de playa, y hay 40.000 personas federadas. Todas las instalaciones están regidas por normas estatales, concretamente una ley de 2013 pero que el año siguiente se vio superada por un reglamento que incluía los 300 metros cuadrados como superficie máxima.
Cinco años antes, la Generalitat y el Estado acordaron la transferencia de la gestión de la tramitación de las concesiones, como los clubes y restaurantes, mediante una partición, según la cual los clubes anteriores a esa fecha aún dependerían del Estado y los posteriores de Territori i Sostenibilitat.
