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La Comissió de Patrimoni Cultural de El Vendrell, una sección del Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) formada por vecinos, denunció ante el Síndic de Greuges la despreocupación del Ayuntamiento para proteger elementos patrimoniales. La Comissió advertía de la falta de un catálogo con los bienes que debían conservarse.
El Síndic solicitó al Ayuntamiento una respuesta y ante la falta de contestación el Síndic urgió. Finalmente el Consistorio argumentó que no podía elaborar el catálogo por razones económicas y que debía esperarse a una mejora de la situación.
Pero el Síndic ha advertido al Ayuntamiento que la protección del patrimonio «es una de las obligaciones fundamentales» de la administración local. Y que son los municipios los competentes para establecer instrumentos de protección de bienes que son de interés local». Añade que no caben excusas económicas y que deben buscarse colaboraciones entre administraciones para dar cumplimiento a la obligación de proteger y conservar los bienes inmuebles de interés local».
Se ha perdido mucho
La respuesta del Ayuntamiento indignó a la Comissió de Patrimoni, que denuncia que la falta de protección del suelo y de construcciones ha permitido perder elementos de valor histórico.
Denuncian la permisividad de edificación junto al lago de Coma-ruga, la construcción a los pies de la torre del telégrafo, la construcción de un ático en Cal Miquelot, en el núcleo histórico, o «la destrucción parcial de Cal Mumbrú». Destacan también cómo la especulación arrasó la zona de marismas de Les Madrigueres, en primera línea de mar, permitiendo una urbanización.
Señala el colectivo que esta es la forma de actuar de los ayuntamientos desde hace décadas y recuerdan que el cronista de la localidad Jaume Ramon i Vidales ya lamentaba en el siglo XIX «la destrucción de la torre dels Calders por la mezquindad de un propietario de Sant Salvador por unas pocas viñas más».
La Comissió de Patrimoni considera que a la actual situación se ha llegado porque «en las épocas doradas del ladrillo la especulación se infiltró a todas las capas sociales, de manera que nos volvimos insensibles ante los beneficios inmediatos y los ayuntamientos se vieron arrastrados por el remolino de los ingresos y las comisiones».
También teme que la ausencia de un catálogo que tienen localidades como Calafell, Vilanova, Vilafranca, Valls, Sant Jaume dels Domenys o Bonastre, se deba a «un desconocimiento de los valores del patrimonio y de una desidia para destinar horas y fondos».
Es en este sentido que la Comissió identificó elementos en peligro y que urgían de protección, como un tramo de la Vía Augusta, posiblemente el último entre Tarragona y Vilafranca. «Pero el Ayuntamiento a día de hoy no ha concretado una declaración firme».
Movilización
Recuerda la comisión cómo la movilización ciudadana entre 1994 y 1996 logró salvar el sanatorio de Sant Joan de Déu, que amenazaba ruina y tenía una petición de derribo. «La salvación fue a un precio tan alto como la pérdida de uso público en beneficio de una sociedad privada». El edificio es hoy un hotel.
En este sentido apuntan al acuerdo que busca el Ayuntamiento con los dueños de las últimas casas modernistas de Coma-ruga, en avanzado estado de deterioro, para compensarlos con otras fincas a cambio de la conservación. Critican que la falta de un catálogo que protegiese esas construcciones ahora provoca un coste.
En esta zona el Plan General autoriza edificios de cuatro alturas y los dueños de las casas pidieron derribarlas. La Comisión señala que «la falta de un catálogo obliga a gastar dinero por no haber protegido los bienes que queremos preservar». Añaden que el estado de las casas también exige un gasto de rehabilitación.
