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Josep Maria, Fernando, Lluís, Josep, Asunción, Agustín, Javier, Roberto... son algunos de los nombres propios de una expropiación forzosa de fincas rústicas llevadas a cabo en 1992 para convertir aquellos campos de olivos y frutales en el mayor resort turístico de España: PortAventura, campos de golf, hoteles y residencias de lujo.
Aquellas familias, con un convenio firmado o con el justiprecio establecido por un tribunal, perdieron sus tierras agrícolas y vieron a lo largo de estos 35 años como parte de las 825 hectáreas se han convertido en PortAventura, Ferrari Land, hoteles de cuatro y cinco estrellas, campos de golf y sus accesos.
«Nos pagaron una miseria. Compraron a precio de rústico y luego lo han revalorizado por el bien del turismo», explican. «Nosotros pasábamos el verano en una pequeña caseta y los 7.000 metros cuadrados eran para nuestro disfrute», explica Fernando. «Yo tenía más de 15.000 metros cuadrados que ahora sustentan las columnas del Dragon Khan», añade Josep Maria. «Yo tenía dos fincas, y una de ellas ahora está el Lumine y las piscinas de enfrente a la Platja Llarga», apunta Lluís.
Todos ellos cobraron el dinero que el tribunal de expropiación fijó y que rondaba las antiguas 200 pesetas el metro cuadrado (1,2 euros) al que se debía añadir si había una caseta, si tenía cultivos, regadío... «Nos pagaron una miseria y con el dinero en la mano no podíamos ni comprarnos un piso», explica Fernando.
La diputada de Catalunya Sí que es Pot, Hortensia Grau, explica que «hicimos un cálculo en su día en el que de media se pagó por propiedad casi 30 euros por metro cuadrado que a día de hoy se convertirían en unos 296 si fuera terreno rústico».
Con los años, la batalla de los 450 afectados de Salou y Vila-seca fue fragmentándose. Unos se rindieron, otros fallaron en la estrategia judicial y sólo unos pocos lograron llegar al Tribunal Supremo, en 1997, y ganar. Les reconoció que la Ley 2/89 admitía que «la expropiación tenía un carácter urbanístico» y gracias a esta cláusula de la normativa autonómica, el precio de las fincas que se defendían en el pleito incrementaron su valor y la Generalitat se vio obligada a hacer frente a un pago superior porque «la valoración se hizo como rústico, pero luego se cambió la calificación a urbanizable».
La lucha de este colectivo había quedado desde hacía años en un segundo término a medida que PortAventura fue consolidándose y junto a él los diferentes proyectos de interés turístico crecían con éxito: campos de golf, parque acuático, hoteles...
Adelson, BCN World...
Los terrenos que en su día pertenecían a La Caixa y que debían convertirse en grandes chalets de lujo estuvieron a punto de cambiar de manos cuando irrumpió la firma Veremonte y su proyecto de casinos y hoteles. Veremonte era el as en la manga de la Generalitat ante la pérdida de interés del magnate Sheldon Adelson y su proyecto de Eurovegas en Catalunya.
BCN World nacía con dudas y se demostró que era un proyecto con pies de barro. La marcha de Veremonte del ambicioso plan de la Generalitat obligó a retocar el proyecto y resurgir de sus cenizas el CRT, cuyo plan director se aprobó definitivamente el 28 de diciembre de 2016.
Con todos estos cambios de estrategia, la Generalitat ha modificado las condiciones del plan director inicial de 1989 aumentando el techo edificable de los terrenos de todo el CRT –siempre se tienen en cuenta las 825 hectáreas totales– y ello ha reabierto la esperanza de los damnificados de las fincas expropiadas en Vila-seca y Salou.
La coordinadora de afectados, que se creó en los años 90 tras el inicio de las expropiaciones, contactó con un bufete de abogados de Barcelona –Tusquets Trias de Bes– para asesorarse. Este bufete logró en el Tribunal Supremo el reconocimiento que el precio pagado en 1992 debía ser superior por el uso urbanístico de los terrenos expropiados. Ahora, con el nuevo plan director cabe la posibilidad de reclamar de nuevo un justiprecio a las fincas.
Javier Huarte, experto en temas de urbanismo, expuso el viernes ante unos 90 afectados su opinión sobre el nuevo plan gdirector del CRT y las posibilidades de lograr ahora lo que en su momento sólo unos pocos consiguieron.
Huarte recomienda una estrategia que pasa por la retasación de las fincas: estudiar el valor de la propiedad de 1992 sabiendo que serán usos urbanísticos y trasladarlo al precio de 2017. «La diferencia de lo que no se abonó en su día es lo que reclamaría el titular de la finca», explica el letrado. Explica que la Llei de 2007 (que substituye a la de 1989) permite una retasación si se cumplen dos requisitos: la expropiación fue urbanística y hay un incremento de usos y edificabilidad. «Los afectados cumplen los dos requisitos y creo que muchas opciones de ganar», añade.
Por su parte, los alcaldes de Vila-seca y Salou (Josep Poblet y Pere Granados) les ha cogido por sorpresa la reactivación de este colectivo y afirman que están tranquilos y consideran quetodo el proceso se ha hecho bien y con transparencia.
