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El salón de plenos de Salou vivió ayer el Día de la Marmota. La oposición en bloque (Ciutadans, ERC, PP y Guanyem) pedía al gobierno (FUPS, PDCat y PSC) la creación de una comisión de investigación acerca del caso del chalet Villa Enriqueta. Después de más de una hora de reproches cruzados, el gobierno hizo valer su mayoría absoluta para tumbar la propuesta. Ésta era la segunda ocasión en la que los grupos de la oposición se unían para pedir una comisión de investigación tras hacerlo también con la sentencia de la Aduana en marzo de 2016. En ambos casos se han llevado el no del gobierno municipal.
La moción de la oposición pretendía depurar posibles responsabilidades políticas acerca de este caso. Sin embargo, desde el gobierno defienden que las licencias suspendidas para abrir un restaurante en Villa Enriqueta son «un acto administrativo reglado», como se escuchó ayer en media docena de ocasiones.
La portavoz de C’s, Reyes Pino, expresó su preocupación «por la imagen que se está mostrando desde hace años de Salou, con varias sentencias que nos cuestan indemnizaciones millonarias» y alegó que la comisión de investigación podría servir para evitar nuevos casos. «Se están convirtiendo en máquinas de dilapidar dinero público», denunció el popular Mario García. El portavoz del PP se quejó de la hora del pleno extraordinario, a las 3 de la tarde, «dando la espalda y haciendo todo lo posible por ocultar este debate». Su homólogo de ERC, Alexandre Boquet, insistió en que «se destinará una gran cantidad de dinero a pagar por decisiones erróneas en lugar de crear otros equipamientos o servicios para las personas».
En palabras del regidor de Gestió Econòmica, Toni Brull, «la comisión que solicitan no esclarecería nada nuevo sobre lo que ya han explicado los técnicos y mucho menos modificará lo que dicta la sentencia», y acusó a la oposición de «oportunismo político». Más tajante fue el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán, que recordó que la sentencia «no dice nada de ninguna indemnización» y aseguró que «no existe ni existirá ninguna indemnización».
La sentencia
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictó el 23 de marzo de 2016 una sentencia que confirmaba la anulación de la licencia de obras, de 2004, y dejaba sin efecto las licencias de actividad y la de primera ocupación que otorgó el gobierno de Salou en 2009 para abrir un restaurante en el chalet Villa Enriqueta. La ilegalidad recaía en la modificación del edificio, que está catalogado, con la construcción de una planta sótano y un ascensor, entre otros elementos añadidos.
La sentencia llegó unos meses después del cierre del restaurante Villa Alexander e impidió la apertura de una franquicia de La Piemontesa en el chalet situado en el paseo Jaume I. A raíz del fallo judicial, la empresa propietaria del inmueble, Turispatrimonial SL, solicita al consistorio 6,7 millones de indemnización por daños y perjuicios.
