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Una treintena de vecinos consiguen frenar un desahucio en Torredembarra

La comitiva judicial ha aplazado hasta el 10 de octubre el desalojo de una pareja que había ocupado la vivienda con su hija menor  

Carmina Marsinach

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Una treintena de personas han conseguido frenar el deshaucio previsto para esta mañana en Torredembarra. FOTO: ALBA MARINÉ

Una treintena de personas han conseguido frenar el deshaucio previsto para esta mañana en Torredembarra. FOTO: ALBA MARINÉ

Una treintena de personas han conseguido frenar el desahucio de una pareja con una hija menor de edad que viven en una casa del Camí dels Munts en Torredembarra. La comitiva judicial ha aplazdo el lanzamiento hasta el próximo 10 de octubre.

El desalojo estaba previsto esta mañana a las 10.30 horas. Para evitarlo, desde la CUP Torredembarra hicieron un llamamiento a través de las redes sociales para que los vecinos del municipio se congregaran a las 09.00 horas en la Plaça de la Font para ir conjuntamente hasta la vivienda de los afectados. También se han unido miembros de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix Gaià y de Cambrils.

Abraham Tristell, vecino de Torredembarra, okupó la vivienda, propiedad de la empresa Construcciones y Contratas Seal SL, hace un año con su pareja y su hija menor de edad porque no tenían donde ir. Él trabaja a media jornada en un hotel pero ella no tiene ningún tipo de ingreso.

La familia residente denuncia que no se les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional: «Se nos denegó la Taula d’Eemergència Social», dicen. Hará un mes les llegó por carta la orden del desahucio. «Lo recurrimos con un abogado de oficio ya que había una niña por en medio pero no se paró nada», explica Abraham. 

Una patrulla de los Mossos y dos furgonetas de los agentes antidisturbios acudieron hasta el lugar pero no actuaron. Foto. A. Mariné

Alrededor de las 09.30 horas ya estaban presentes dos trabajadores de la empresa constructora. A la llegada de la comitiva judicial se vivieron algunos momentos de tensión con las personas que daban apoyo a la familia afectada. Entonces se desplazaron hasta el lugar una pareja de Mossos d’Esquadra. Más tarde llegaron dos furgonetas de los agentes antidisturbios, que no actuaron, y una patrulla de la Policía Local. 

La CUP ha intentado ayudar a la familia a gestionar la situación. Aseguran que los Juzgados de El Vendrell son conscientes de que en la vivienda reside una menor «pero aún así, siguieron adelante con el lanzamiento». Señalan que se está vulnerando la ley 24/2015 del Parlament ya que se pretendía desalojar a una familia con una menor de edad y lamentan que el departamento de acción social del municipio no hubiera actuado antes. La formación exige que el alcalde, Eduard Rovira que, «haga todo lo posible para frenar los futuros deshaucios en el municipio».

Los afectados hablando con la comitiva judicial esta mañana. FOTO: A. MARINÉ

Los representantes de la empresa constructora señalan que la casa está «en ruinas» y llevan más de 5 años intentando derribarla pero durante todo este tiempo se han encontrado ocupas dentro.

Abraham defiende que la casa es «habitable» y des de que están ahí la han ido arreglando y limpiando. Y asegura que se ha intentado poner en contacto con la constructora para llegar a un acuerdo pero «no ha habido manera».

Finalmente después de conversaciones entre la comitiva judicial y la familia, el deshaucio se aplazó hasta el 10 de octubre. Una decisión que las personas que se desplazaron hasta el lugar celebraron entre aplausos.

La versión del Ayuntamiento

Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran que no tenían constancia de la orden de deshaucio hasta hace dos días. Dicen que desde entonces los técnicos de Serveis Socials se habían intentado poner en contacto con la familia sin éxito.  

El consistorio explica que la pareja tan solo había ido a Serveis Socials a pedir el certificado de vulnerabilidad que se les entregó a ellos y al juzgado. Pero según el alcalde, Eduard Rovira, no habrían hecho los pasos pertinentes para entrar en la Taula d’Eemergència Social gestionada por el Consell Comarcal. Ayer por la mañana la comitiva judicial se puso en contacto con Serveis Socials y ahora parece ser que la familia ya habría entrado en el circuito de emergencia social. 

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