La compañía que gestiona el servicio de aguas de Calafell ha cortado el suministro de la casa en la que vive una familia okupa con seis hijos de entre 13 años y 20 meses. Los operarios estuvieron acompañados por la Policía Local para evitar posibles altercados.
Mientras realizaban el corte del agua la mujer instalada en la casa gritó que estaba dentro con su familia y que dejarla sin suministro es ilegal. Fuentes próximas a la familia explican que pondrá una denuncia en el juzgado.
La casa saltó a los medios de comunicación hace meses después de que la persona que compró la vivienda al banco intentase entrar en ella y fuese denunciado por la familia okupa. Los Mossos d’Esquadra explicaron al comprador que no podía entrar y que debía denunciar la okupación.
La casa fue okupada hace unos cuatro años cuando era propiedad de un banco que la había embargado. Pero hace meses un comprador la adquirió a un precio un 20% más reducido de su valor real sabiendo que estaba okupada.
La situación está a la espera de resolución judicial pero en la tarde del miércoles se cortó el suministro de agua en la vivienda, lo que complica la situación para a familia con seis hijos menores.
Según ha podido saber el Diari el agua estaba pinchada de forma ilegal y la casa carece de contador. La empresa ha cortado ese pinchazo. Fuentes próximas a la familia explican aún así su intención es seguir en la casa.
Fuentes jurídicas consultadas por el Diari cuestionan la legalidad de cortar el suministro porque se conocía que en la casa había personas. En este sentido la denuncia por el corte podría plantearse como una coacción para que la familia abandone la casa.
En estos casos las empresas suelen realizar los cortes por impago y desconocer a quién deben cobrar el recibo. Pero la familia destaca que en la casa hay personas.
La casa, de unos 300 m2 está en una parcela de 600 m2. Tiene garaje, jardín, piscina y cuatro habitaciones con dos cuartos de baños repartidos en tres plantas.
Fue okupada hace 4 años por una familia con seis hijos. En ese momento pertenecía a un banco. Hace menos de un año, Jordi Muñoz, la compró sabiendo la situación de okupación, por lo que el precio quedó un 20% por debajo del valor de mercado en situación normal. Muñoz pagó unos 300.000 euros.
Según explicó en su momento el comprador, antes de formalizar la compra con el banco, habló con los okupas para explicarles sus intenciones y les ofreció 10.000 euros para que se fueran. Según dijo, los okupas aceptaron y compró la vivienda.
Pero cuando ya estaba hecha la compra los okupas dijeron que no se iban. Un día en que los okupantes de la casa salieron, el nuevo propietario entró y fue denunciado por violación del domicilio.
Los Mossos d’Esquadra le indicaron que tenía que salir de la vivienda y que en todo caso podía denunciar la okupación de su propiedad. En España sólo los jueces tienen la potestad de ejecutar un desahucio. Y el derecho a la inviolabilidad del domicilio está por encima del de propiedad.
La pasada semana la cadena Cuatro logró un careo ente propietario y okupa que acabó de forma tensa y sin ningún tipo de posibilidad de acuerdo. Días después los okupas se han quedado sin agua.
La situación genera un tenso debate en las redes entre quienes dicen que el comprador de la casa sabía que la adquiría con okupas y que buscaba un chollo y los que cargan contra los okupas por meterse en una vivienda de lujo y no querer salir sabiendo que tiene nuevo propietario.
Sobre el corte del agua el Ayuntamiento recuerda que ya acordó con la empresa que gestiona el servicio abrir una línea de ayuda para pagar recibos de personas con necesidades, pero destaca que la casa okupa carece de contador y que la familia tiene ingresos.
