El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
El Ayuntamiento de Vila-seca es una de las entidades públicas que ha sido víctima de una red de delincuentes informáticos que ha estafado 8 millones de euros a cerca de 25 administraciones públicas catalanas, según informó ayer La Vanguardia.
Al consistorio vila-secano se le estafaron 56.517,42 euros en mayo de 2020. Fuentes municipales apuntaron al Diari que el robo se produjo por un supuesto cambio del número de cuenta bancario acreditado por el proveedor de un servicio del ayuntamiento. El consistorio detectó la estafa e interpuso la correspondiente denuncia a los Mossos d’Esquadra.
La red suplantaba a los proveedores y raclamaban los pagos pendientes
Entre las entidades públicas de la demarcación que se han visto afectadas por la estafa están los consejos comarcales del Baix Penedès, quien fue víctima del robo de 244.939,87 euros, y el del Baix Ebre, al que se le estafaron 481.403,39 euros.
Otra de las instituciones afectadas por la estafa es la empresa municipal de la capital del Baix Camp Aigües de Reus, a la que el grupo criminal estafó 56.577, 27 euros en octubre de 2019. Fuentes municipales consultadas por este medio avanzaron que será hoy cuando se pronuncien sobre la cuestión durante el transcurso de una rueda de prensa en la estación depuradora de aguas residuales de Reus con motivo de la presentación del proyecto de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo.
Más de 25 estafas en Catalunya
La red de delincuentes estafó a cerca de 25 administraciones públicas catalanas, entre ellas ayuntamientos, consejos comarcales, hospitales o el Servei Català de Trànsit, utilizando el portal de transparencia para obtener datos para suplantar a los proveedores y reclamar los pagos.
Según el informe policial avanzado por La Vanguardia la red, que operaba en toda España, imitaba el logotipo y creaba una cuenta de correo electrónico muy similar al original para avisar a la administración que habían cambiado de cuenta bancaria en la que tenían que abonar la prestación del servicio.
Una vez la administración estafada transfería el dinero, la red lo redistribuía por infinidad de cuentas para que no les pudieran seguir el rastro.
