El peaje cerrado en la C-32 es insuficiente para el Baix Penedès

Los ayuntamientos de El Vendrell, Calafell y Cunit comparten con plataformas vecinales la gratuidad para la movilidad interna

19 mayo 2017 23:53 | Actualizado a 20 mayo 2017 21:41
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El peaje de sistema cerrado en la autopista C-32 en el tramo entre El Vendrell y Sitges, según el cual el conductor paga por los kilómetros que realmente recorra, no gusta en el Baix Penedès. El Vendrell, Calafell y Cunit repiten que lo que el litoral de la comarca necesita es que esa vía rápida sea gratuita para los desplazamientos internos.

La Generalitat pretende establecer el sistema a partir del 1 de enero y según explica puede suponer un ahorro de hasta el 31% en el tramo entre Calafell y Cubelles y de un 27% entre Segur de Calafell y Sitges, que pasará a costar 2,45 euros.

Pero el sistema no gusta en la comarca. Ni a las plataformas ciudadanas que reclaman la gratuidad de la C-32 para recorridos internos del Baix Penedès, ni a los ayuntamientos y Consell Comarcal, que piden que la autopista sea una ronda litoral libre de peajes.

El alcalde de El Vendrell Martí Carnicer (PSC)señala que «lo que pide la comarca es la gratuidad y en eso nos mantenemos». Carnicer explica que es la misma situación que la N-340 y la AP-7. «No hay una alternativa gratuita y la carretera está saturada».

En el mismo sentido habla el presidente del Consell Comarcal y alcalde de Calafell Joan Olivella (CiU), que destaca que en otros lugares hay tramos gratuitos. «Supone un agravio que aquí no se haga».

La alcaldesa de Cunit, Montserrat Carreras (CiU) señaló que «no creo en las autopistas gratuitas, pero en este caso es una necesidad. La alternativa de la carretera C-31 es una vía urbana y peligrosa para un elevado volumen de circulación. Los desplazamientos internos deberían ser gratis por la C-32».

Ante la rebaja que ha anunciado la Generalitat los ayuntamientos explican que «debemos seguir manteniendo reuniones para demostrar que la C-32 deber ser gratuita», explica Martí Carnicer que señala que los ayuntamientos, la sociedad civil y el sector empresarial de la comarca deben ir juntos en la reclamación.

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