Los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Baix Gaià paralizaron ayer el segundo intento de desahucio a Carlos Benguerel, vecino de Torredembarra. Lo lograron con el apoyo de otras PAH de Catalunya (Baix Penedès, El Vendrell, Reus, Valls o El Garraf, entre otras) y vecinos de la zona. El 18 de septiembre la comitiva judicial intentó alzar al afectado de su vivienda pero gracias a la PAH se prorrogó hasta ayer. Ahora habrá que esperar una nueva resolución del juez que el abogado de Carlos podrá recorrer .
El afectado pronto cumplirá los 60 años y hace tres que perdió su trabajo. Ha agotado su prestación por desempleo y subsiste con una paga de poco más de 400 euros al mes y no puede pagar la hipoteca. «Estamos luchando por lo que creemos que es nuestro», afirma Benguerel.
Alrededor de un centenar de personas bloquearon la entrada al edificio de Benguerel, situado en el paseo Francesc Macià de Torredembarra, a la espera de la llegada de la comitiva judicial. Los miembros de la PAH les recibieron con pancartas que reclamaban la dación en pago o alquileres sociales, bocinas y consignas como ¡Sí se puede!.
José Ángel Gallegos, representante del afectado y abogado especializado en temas hipotecarios, recriminó a la comitiva judicial que este desahucio era absolutamente «ilegal». «Ustedes están intentando violar la ley, por tanto ustedes ahora mismo son delincuentes», les reprochó.
En esta ocasión el abogado hizo hincapié en las titularizaciones de las hipotecas. El jurista explicó que en la hipoteca de Benguerel se había producido una titularización, es decir, una sesión de crédito bastante compleja que se hace por mediante títulos valores y se venden en mercados secundarios como la Bolsa a inversores. Por lo tanto, según el letrado, el banco no es el acreedor de Benguerel desde hace años.
«Si no era el acreedor no podía instar una ejecución hipotecaria ni demandarle nada», dice Gallegos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca afirma que no hay manera de que el banco haga nada porque ya no es el propietario de la vivienda. El afectado no sabía nada de esta nueva titularización, lo descubrieron tras un año de investigaciones.
La comitiva judicial no quiso entrar en el debate de la legalidad, afirmó que sólo estaba cumpliendo con una resolución judicial.
Algunos miembros de la plataforma insistieron en que el Congreso de los Diputados ha aprobado la ley que contempla medidas como una reestructuración de la deuda o el alquiler social. En este sentido, recriminaron a la comitiva judicial no estar cumpliendo las leyes. El Consejo de Ministros aprobó suspender hasta 2017 el alzamiento de la vivienda habitual a colectivos y personas especialmente vulnerables.
Por otro lado, en septiembre, el Ayuntamiento de Torredembarra aseguró que penalizará a los bancos que tengan en la localidad viviendas vacías y no las pongan a disposición para evitar los desahucios.
La medida, cuya forma de penalización debe concretarse, está previsto que entre en vigor a partir de enero del próximo año, según explicó en septiembre Lluís Suñé, concejal de Acción Social en el gobierno local.
