La duración de cada examen de la nueva Selectividad no será finalmente de 105 minutos, sino que se mantendrá en los 90 minutos actuales, tal como había solicitado la Conferencia de Rectores al Gobierno. Es lo que propone el borrador del decreto, al que ha tenido acceso este periódico, que regulará las pruebas de acceso a la universidad (EBAU). El Ministerio de Educación lo ha trasladado a las comunidades con la pretensión de «garantizar la homogeneidad» de los exámenes en todo el país -algo que había pedido el PP-, pero «respetando escrupulosamente el sistema constitucional de reparto de competencias» entre el Estado y las autonomías. El departamento que dirige Pilar Alegría había propuesto ampliar en un cuarto de hora el tiempo (de 90 a 105 minutos) con el argumento de que la nueva Selectividad incluirá ejercicios menos memorísticos y más de tipo competencial, en los que el alumno, antes de contestar, debe pensar y asociar ideas, lo que exige más «reflexión, creatividad y madurez» en las respuestas.
Pero ahora Educación ha rectificado y los ejercicios seguirán durando 90 minutos, si bien se tendrá en cuenta «que el alumnado necesitará dedicar un tiempo significativo tanto a la lectura y al análisis de la posible documentación aportada, como al diseño de la estrategia para su resolución». Aunque las comunidades tendrán que estudiar ahora el borrador (que antes de su aprobación por el Consejo de Ministros deberá pasar por el Consejo de Estado), la idea del Gobierno es que la nueva Selectividad entre en vigor a partir de junio de 2025, con lo que los primeros en examinarse del nuevo formato serán los alumnos que cursan ahora 1º de bachillerato.
Cada año 300.000 estudiantes se presentan al examen que determinará que carrera universitaria podrán escoger. El documento propone también que las faltas de ortografía y gramaticales penalicen un 10% la nota. De este modo se pretende crear una regla común que limite la disparidad entre tribunales a la hora de corregir un mismo modelo de ejercicio. En concreto, establece como criterio «la coherencia, corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos», una valoración que contará al menos un 10% en aquellas preguntas que requieran redactar textos.
Además, cada comunidad autónoma entregará un único modelo de examen de cada materia (ahora pueden proporcionarse dos), pero en algunos apartados se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas. Eso sí, el borrador precisa que dicha elección «no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas objeto de evaluación», es decir, aunque los ejercicios ofrezcan la posibilidad de elegir entre varias preguntas, esa opción no va a permitir al alumno estudiar solamente una parte del temario. Materiales Los alumnos, por otro lado, podrán llevar durante las pruebas diccionarios, calculadoras y fórmulas matemáticas, algo en lo que ahora existe disparidad según los territorios e, incluso, según los tribunales.
El documento matiza que serán las comisiones organizadoras las que establezcan, en función de «las características de cada materia y los criterios de evaluación aplicables», qué tipo de materiales pueden usarse en cada caso. El decreto, que debía de haberse aprobado en 2023 para su aplicación este mismo año y que fue pospuesto por el 23-J, suaviza la idea que el ministerio presentó en julio de 2022, cuando propuso una «prueba general de madurez académica» que englobaría las materias comunes en una evaluación de tipo competencial, similar a PISA. El ministerio, que quería aplicar este modelo en 2027, lo ha descartado, con lo cual la reforma mantendrá la misma estructura de separación de asignaturas.
Así, habrá cuatro pruebas: lengua castellana, idioma extranjero, filosofía o historia (a elegir) y un examen de una materia específica del itinerario de bachillerato. Las comunidades con lengua cooficial tendrán una quinta prueba.
