El juez propone juzgar a Neymar por corrupción

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso que sean juzgados por corrupción entre particulares y estafa impropia el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, así como el propio club catalán, además de Neymar y sus padres por el primero de los delitos, a raíz de una querella de la empresa DIS por el fichaje del futbolista brasileño.

En el auto por el que acuerda la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado y pone fin a la instrucción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 da diez días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

De la Mata recuerda en su resolución judicial que la Sala de lo Penal ordenó reabrir la causa el pasado mes de septiembre y continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado. Ahora, dando cumplimiento a ese auto de la Sala, el instructor fija los hechos objeto del procedimiento y las personas contra las que se dirige.

Según explica el magistrado, tal y como establece la Sala de lo Penal, el contrato firmado en 2011 por el que Neymar recibiría 40 millones de euros para fichar en el futuro por el Barcelona «habría alterado el libre mercado de fichajes de futbolistas, al impedir que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia, de modo que se obtuviera una mayor cantidad económica por el traspaso», constituyendo el delito de corrupción entre particulares. «Si el objetivo y finalidad de este contrato fue directamente alterar el mercado de fichajes de futbolistas, según estima la Sala (.) entonces es razonable pensar que los dos directivos que intervinieron en su firma», en alusión a Rosell y Bartomeu, entonces presidente y vicepresidente, respectivamente, «fueron responsables de esta decisión, de la firma del contrato y conscientes de esta finalidad ilícita».A juicio del magistrado, la actuación de ambos directivos se realizó sin informar a la junta directiva del Barcelona, ni al Santos, ni a DIS como propietaria del 40% de los derechos federativos del jugador y, todo ello, mientras el jugador tenía contrato en vigor con el club brasileño. «Ambos directivos conocieron obviamente cada una de estas circunstancias plenamente cuando decidieron firmar este contrato. Circunstancias que, al entender de la Sala, son los indicios principales del delito de corrupción entre particulares» .