La trama Acuamed desvió 40 millones de la descontaminación del Ebre en Flix

La descontaminación del pantano de Flix, la mayor obra de esa índole realizada en España, se ubica en el centro de las investigaciones que realiza la Audiencia Nacional en la llamada Operación Frontino, que investiga una supuesta trama corrupta en la empresa estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas). Así lo refleja el auto del juez Eloy Velasco. En el gran proyecto de la Ribera d’Ebre se aplicaría el modus operandi que, al parecer, era habitual en las operaciones que están ahora en tela de juicio: elevar el coste de la obra sin ninguna justificación, lo que el auto judicial determina como «fijar modificados ficticios irreales».

El objetivo fue incrementar el proyecto en 40 millones a modo de compensación a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa contratista. Hay que buscar el origen de las supuestas irregularidades de Flix en otra de las siete obras que están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil.

El vínculo con Almería

En concreto, se trata de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, donde urgió una reparación después de quedar inservible tras una inundación. La legislación vigente sostenía que el seguro de la Unión Temporal de Empresas (UTE) debía abonar los arreglos. Sin embargo, según el auto, «se aprecia una concertación entre el director general de Acuamed y los contratistas por la que, en contra de lo que decía el contrato y la legalidad, Acuamed no exige que cubra los desperfectos y pague el seguro de las empresas contratistas». Y continúa: «Arbitra un acuerdo por el que pretende hacer pagar a la empresa pública un 40% de los mismos (los desperfectos), cuando no es responsabilidad de la administración». La pirueta no acaba ahí. El 60% lo debían abonar las empresas privadas, que recuperarían la cantidad «mediante compensación», según la expresión usada por el juez Velasco en relación a la «empresa FCC». Es ahí, en calidad de obra para compensar, cuando aparece la descontaminación del pantano de Flix. Sobre esas compensaciones, Velasco sostiene que estarían «al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio», en referencia al de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El auto del magistrado pormenoriza algunas de las presuntas irregularidades que se cometieron en el proyecto ebrense. El texto culpabiliza directamente a la cúpula de Acuamed: «Ante una reclamación ilegal de 30 millones de euros apoyada por los directivos de Acuamed pero negada por los técnicos, se pretenden cambios de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproximadamente debida de 3,5 millones, a 40 ficticios».

Es ahí donde se denuncia el sobrecoste, urdido de la siguiente manera, siempre según el auto: «Certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos, creándolos para meter conceptos extraordinarios que no existían, con documentación falsa pretendiendo justificar unos conceptos por otros». El resultado es una «convalidación del gasto de 32 millones» y, además, una obra añadida, definida por Velasco como «un proyecto complementario», que acabó «causando un perjuicio a la administración de 40 millones de euros para compensar a FCC».

El texto judicial vuelve a aludir a que la estratagema investigada se hilvanaba desde las altas esferas, ya que todos los procedimientos denunciados en el proyecto del embalse de Flix y la compensación planificada se hicieron «siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad».

Toda la trama tarraconense de Acuamed ha dejado su huella, al menos, en los presupuestos de 2015 y 2016. Para llegar a eso, el auto expone los conflictos que hubo en el proceso de la compensación en la desaladora almeriense. «Como consecuencia de la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades, la desaladora sigue sin arreglar y la empresa sin permitir la liquidación de ese contrato pretendiendo que los aproximadamente dos millones de euros que podría debérseles se conviertan en diez, con un perjuicio para la administración de ocho millones».

Fue entonces cuando se quiso ‘rellenar’ a nivel presupuestario ese ‘agujero’, según sostiene el juez. «Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa ‘compensación indebida’ pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de diez millones, más veinte para hacerlo, no llegando a ejecutarlo inicialmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea». Es decir, aunque en principio no se iba a llevar a cabo, finalmente sí se incluyeron en la previsión.

Sostiene eso el juez porque «se consignaron cerca de 36 millones de euros en los presupuestos generales en 2015», en palabras textuales del magistrado. Esa cifra cuadra con el presupuesto que estaba previsto para la eliminación de la contaminación del pantano de Flix, que según los Presupuestos Generales del Estado alcanzaba los 36,2 millones. El juez habla, además, de dos consignaciones en los de 2016, reducidas a «una compensación de ocho y catorce millones».

El presupuesto para el pantano en 2016 es bastante superior, pues llega a los 46,2 millones. Incluso hay una inversión prevista para 2017 de 10 millones. Según la programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado, el coste total de la obra, tras intervenciones aún pendientes, subirá hasta los 226 millones.