El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Tarragona desarrolla campañas para el control de actividades generadoras de potenciales residuos contaminantes, que pueden provocar un grave daño al medio ambiente y en la seguridad de las personas.
En este marco se llevó a cabo una actuación conjunta con la Policía Local de L’Ametlla de Mar, inspeccionando un taller mecánico clandestino, el cual ya había sido detectado y denunciado por la Guardia Civil en el año 2019, localizado en el interior de una finca en la zona rural, detectando que en el mismo se ejercía actividad.
Realizadas las comprobaciones pertinentes los agentes actuante pudieron comprobar que la actividad se realizaba sin que el responsable dispusiera de la pertinente licencia de actividad municipal, así como tampoco estaba inscrita como empresa en la Seguridad Social ni en Hacienda., ni cumpliendo cualesquiera otros de los requisitos establecidos por las Administraciones competentes, autonómica y/o municipal, tanto relativos a la gestión de residuos como habilitaciones administrativas para ejercer dicha actividad.
Al inspeccionar el interior, los agentes hallaron diversos vehículos a motor, que estaban siendo reparados y otros en estado de abandono, así como maquinaria industrial, repuestos y herramientas relacionadas con la actividad. Por todo el local había neumáticos usados, baterías y otras piezas de vehículos, además de restos de aceite. La mayoría de estos residuos tenían la calificación de peligrosos, los cuales están sujetos a las obligaciones establecidas en la legislación vigente (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y contaminados para una economía circular).
A raíz de esta inspección, La Guardia Civil y la Policía Local de L’Ametlla de Mar confeccionaron 10 actas-denuncias por infracciones administrativas, relacionadas con los residuos, seguridad industrial y documentación necesaria para desarrollar la actividad, así como infracciones tributarias y de las obligaciones económicas derivadas de la Seguridad Social.
Siendo remitidas a las autoridades competentes: Ajuntament de L’Ametlla de Mar, Departament de la Vicepresidència y de Politiques Digitales i Territori y Departament d’Empresa i Treball, ambas de la Generalitat. Algunas de las infracciones detectadas podrían ser calificadas como graves, con sanciones de multas de hasta 300.000 euros si se trata de residuos peligrosos.
