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La llegada del ingreso mínimo vital puede acarrear consecuencias negativas para el empleo que hay que vigilar. Desde UGT piden que se «extreme la cautela y la vigilancia» sobre este mecanismo para que no aparezcan «efectos indeseados» como una devaluación de los salarios o que se firmen más contratos a tiempo parcial si las empresas «aprovechan» la situación.
«Es imprescindible evitar que se convierta en una renta que favorezca el mantenimiento de unos salarios reducidos o su devaluación, por lo deben introducirse las cautelas precisas en el reglamento de la norma, así como implementarse políticas que combatan de raíz la precariedad», señala el sindicato. En un informe presentado ayer apunta a que ante la situación de «elevado desempleo, la extrema precariedad del mercado laboral y la enorme discrecionalidad de la que disponen las empresas para determinar las condiciones de trabajo», la renta mínima podría acabar derivando en un «instrumento adicional de devaluación salarial».
Y es que como el ingreso mínimo es compatible con el cobro de un salario hasta determinados niveles fijados en la ley, desde UGT reclaman que exista una mayor ligazón de esta medida con las políticas activas de empleo, así como su vinculación al IPC para que no se pierda nivel adquisitivo. El sindicato subraya que la aprobación de esta renta mínima es una medida muy relevante, un «primer paso fundamental» a la hora de conformar un sistema de protección social con una cobertura de prestaciones no contributivas más amplias, «una vez vistas las graves limitaciones que existían en este sentido».
La renta mínima estatal es compatible con mecanismos similares autonómicos, por lo que el informe de UGT revela que podría elevar la cuantía mínima en 13 comundades sin perjudicar a los beneficiarios del resto de territorios. Para ello, pidieron la coordinación entre los distintos niveles administrativos implicados y simplificar los trámites para que llegue a todos los potenciales beneficiarios.
El informe recuerda los elevados niveles de pobreza de España -con la quinta tasa más alta de la UE en pobreza infantil (29,5 %)- e identifica los distintos colectivos vulnerables que podrían verse especialmente beneficiados por esta prestación y cómo han ido evolucionando en los últimos años. Desde UGT creen por ello que el ingreso mínimo es un «hito histórico», pero creen que será necesario seguir dando pasos para corregir las posibles deficiencias que se detecten y lograr que la prestación esté al alcance de quien lo necesite.
