El Gobierno baraja subir el salario mínimo en 3 años

Quiere terminar su legislatura cumpliendo una de las reivindicaciones prioritarias de los sindicatos: que todo trabajador llegue a los 1.000 euros al mes

15 diciembre 2017 10:44 | Actualizado a 15 diciembre 2017 11:00
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Pese a las reticencias de algunos miembros del Ejecutivo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, lleva ya tiempo defendiendo que los salarios deben subir, y quiere dejar su huella en una competencia que es potestad del Estado: el salario mínimo interprofesional (SMI).

El Gobierno quiere terminar su legislatura cumpliendo una de las reivindicaciones más fuertes de los sindicatos.

Por eso, encima de su mesa está la propuesta de que en tres años la retribución más baja de un trabajador a jornada completa sea de 12.000 euros brutos anuales

Ahora el SMI se sitúa en 825,7 euros al mes repartidos en 12 pagas, por lo que implicaría un alza del 21% (esto es, 175 euros) de aquí a 2020. 

Lo que sigue siendo una incógnita es el incremento para 2018, que el Gobierno tiene que aprobar antes de final de año.

En 2017 lo subió un 8% a cambio del apoyo del PSOE para los Presupuestos, y todo apunta a que para el nuevo ejercicio habrá «una subida importante», según fuentes cercanas a la negociación.

La horquilla que se baraja oscila entre un 3% y un 8%, aunque por el momento tiene mayor peso una franja del 5%-6% (eso serían casi 50 euros más al mes para el SMI). 

Esta propuesta no la ven con malos ojos ni siquiera desde la CEOE.

Su presidente, Joan Rosell, ha dicho en más de una ocasión que los sueldos más bajos deben recibir un impulso mayor, y defiende a su vez que una subida del SMI serviría para sacar a flote la economía sumergida que hay en el país (que sitúa en torno a un 20%).

Además, para demostrar la escasa repercusión que esto tendría en las empresas, Rosell aportó en el último comité ejecutivo de la CEOE un estudio en el que analiza 50 convenios colectivos.

A la vista de esos datos, hubo un consenso mayoritario en que también los empresarios pidieran al Gobierno «un incremento sustancial», según fuentes presentes. Sin embargo, la unión terminó en división en la junta directiva del miércoles.

Allí, el presidente de la patronal madrileña (CEIM), Juan Pablo Lázaro, que no había asistido al comité, se negó en redondo a apoyar un incremento importante del SMI y mostró incluso una mayor rotundidad al oponerse a mejorar la propuesta de subida salarial para 2018 en el Acuerdo para la Negociación Colectiva y el Empleo (AENC).

Unas tensiones que en el seno de la patronal se ven como una estrategia personal de darse un perfil más duro de cara a las elecciones a la presidencia que habrá a final de año.

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