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Un nuevo debate ha irrumpido en el escenario político español: la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días a la semana. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, desveló ayer que el Ministerio de Trabajo está estudiando su aplicación, algo que «podría favorecer sin duda la creación de empleo».
El vicepresidente no quiso entrar a hablar de qué plazos manejan desde el Ejecutivo, ya que apuntó que eso «depende» de Trabajo. La ministra Yolanda Díaz no eludió el debate e incluso compartió a través de las redes sociales la intervención del vicepresidente.
«El tiempo de trabajo exige una nueva concepción, que atraviese, como ya estamos haciendo, leyes y usos laborales», defendió la política gallega, que aseguró que «la reducción de la jornada, el control de las horas extraordinarias, el derecho a la desconexión y la conciliación son elementos que deben dialogar en este necesario debate».
En el programa del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, aunque no se hablaba explícitamente de una reducción de la jornada, ya se recogía la intención de promover un pacto social y político para la racionalización de los horarios con el objetivo de «reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados».
El programa de coalición planteaba además el derecho a la desconexión y a la adecuada gestión del tiempo de trabajo dentro de la normativa laboral, así como a la protección efectiva en los casos de embarazo y lactancia.
Precisamente la actual ministra de Trabajo en su época como diputada llevó en el año 2018 al Congreso una proposición de ley sobre el tiempo de trabajo corresponsable, con la que pretendía garantizar «un reparto equitativo de tiempos de trabajo y de cuidado», y el «derecho a la adaptación a la persona y a la desconexión del trabajo».
Antes de que estallara la pandemia, el Ministerio de Trabajo anunció que estaba preparando una ley para dar más flexibilidad horaria a los trabajadores, que buscaba también regular las bolsas de horas, incorporar el tiempo de trabajo en los empleos a tiempo parcial y otras modalidades contractuales. Es más, en pleno confinamiento se aprobó el Plan Me Cuida, que permite a los trabajadores con hijos a cargo o personas dependientes cambiarse el horario de trabajo o reducirlo incluso al 100% sin que los empresarios puedan tomar represalias.
Sin embargo, ni el PSOE ni Unidas Podemos respaldaron esta misma semana una enmienda a los Presupuestos presentada por Más País y Equo que defendía desplegar un proyecto piloto para dar ayudas a empresas que ensayen la aplicación de una jornada laboral de cuatro días, algo que, pese al voto en contra, Iglesias calificó de «interesante».
La Comunidad Valenciana tiene previsto desplegar una iniciativa similar: sus Presupuestos para 2021 incluyen una partida de 4 millones destinada a subvencionar a empresas que reduzcan la jornada laboral a cuatro días ó 32 horas semanales sin reducción de sueldo para sus trabajadores. Este debate no es nuevo. El sindicato UGT lleva tiempo reclamando una jornada semanal de 35 horas.
