La descarbonización marca la década en la Unión Europea

La Ley Europea del Clima, propuesta por la Comisión Europea (CE) apenas hace un año, en febrero de 2020, fija en el año 2030 la fecha en la que todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deberán haber reducido en un 40% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto a la cifra del año 1990. En 2050, esa reducción tendría que haber alcanzado entre el 80% y el 95%, logrando así acercarnos mucho al objetivo de neutralidad climática en toda la UE.

El pasado mes de septiembre, la Unión Europea (UE) decidió acelerar todavía más el proceso de transición energética hacia una sociedad descarbonizada, y añadió a esa ley la iniciativa (que ya tiene el acuerdo político de los líderes de la UE) de aumentar el objetivo de reducción de emisiones para el año 2030 a un 55% respecto a las emisiones de 1990.

Esta aceleración no es casual, y en ella ha tenido mucho que ver el estallido de la pandemia global de Covid-19. La sucesión de acontecimientos hizo que, recién presentada la Ley Europea del Clima y sus ambiciosos objetivos en febrero de 2020, llegase a Europa la pandemia de coronavirus. Pero, lejos de dejar aparcado en un cajón el Pacto Verde Europeo, lo que ha sucedido es que la transición energética se ha acelerado.

‘Next Generation EU’

En el centro de esta aceleración se encuentra el instrumento ‘Next Generation EU’, alrededor del cual van a girar muchos de los cambios estructurales en la Unión Europea a lo largo de esta década de los años veinte.

Asumiendo un liderazgo sin precedentes en la trayectoria de la Unión Europea, la Comisión Europea ha acudido a los mercados de financiación por primera vez en su historia, para movilizar un paquete extraordinario de 750.000 millones de euros en forma de créditos y ayudas directas, denominado ‘Next Generation EU’ y de las cuales los estados miembros serán meros gestores.

Con este instrumento extraordinario, el presupuesto de la Unión Europea en el periodo 2021-2027 supera los 1,8243 billones de euros, al sumar al Marco Financiero Plurianual (1,0743 billones de euros) el instrumento extraordinario ‘Next Generation EU’, dotado con 750.000 millones de euros.

La transición ecológica, que incluye la eficiencia de recursos y las energías renovables, será el destino de un 37% de estos recursos extraordinarios. Instalaciones de energías renovables (fotovoltaicas, eólicas), pero también tecnologías para el ahorro y la eficiencia energética, así como para la captación de CO2 y su inclusión en la economía circular como materia prima valorizable para producir con él nuevos productos, serán sin duda destinatarios de una parte de estos fondos.

Y, en este bloque, el hidrógeno verde (un vector energético logrado mediante procesos de electrólisis que consuma electricidad generada a partir de energías renovables) se erige como un pilar fundamental para lograr la neutralidad climática en 2050. El pasado mes de junio, la Comisión Europea presentó una estrategia en la que el hidrógeno jugará un papel clave en la transformación e integración del sistema energético de la UE, que hoy representa un 75% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.

A escala global, un reciente informe de Deloitte analizaba precisamente las emisiones mundiales de CO2 a consecuencia del consumo de energía, con el carbón en primer lugar (un 44% de las emisiones de CO2 por consumo de energía), seguido por los productos petrolíferos (36%) y el gas natural (19%).

De ahí que, en los planes de la Unión Europea, lograr rebajar sustancialmente estas emisiones en este capítulo sea hoy una prioridad para los años que se acercan. El primer objetivo, sin duda, es el cierre de las centrales eléctricas alimentadas a base de carbón. El proceso, que avanza a buen ritmo (con mayores o menores retrasos entre los Estados miembros de la Unión), debe ir acompañado sin excepción por la entrada de fuentes de generación que puedan contribuir a esa neutralidad climática.

Pero no solo va a ser el carbón el protagonista en este proceso de sustitución, sino todos los recursos fósiles, entre ellos el gas natural y los productos petrolíferos. En este contexto, el instrumento extraordinario ‘Next Generation EU’ debería contribuir de forma determinante a lograr una transición sostenible en esta reconversión integral de todo un sector.

Estos fondos extraordinarios, financiados con deuda de la Comisión Europea a largo plazo (de ahí el nombre ‘next generation’, porque será la próxima generación de europeos la que tenga que devolver estos créditos, pero también la generación que debería beneficiarse de las inversiones de futuro que se acometerán hasta el año 2027), serán gestionados por cada uno de los Estados miembros de la Unión que lo soliciten.

En el caso del gobierno español, la intención de acogerse a ellos es clara y manifiesta. Tienen, como el resto de Estados miembros que quieran hacer uso de estos fondos, hasta el 21 de abril de 2021 para presentar un plan de inversiones y reformas que convenza a la Comisión Europea de que vale la pena financiar esos proyectos.

No valdrá cualquier cosa, y la posibilidad de que la Comisión Europea decida que el proyecto presentado no es de calidad (y, por lo tanto, desestime la cesión de fondos para su gestión por parte del Reino de España), es real.

El instrumento ‘Next Generation EU’ en ningún caso podrá ser usado para financiar gasto corriente o deuda pública. Solo inversiones y reformas de futuro, en áreas estratégicas delimitadas por la Comisión Europea, tales como la transición ecológica (un 37% de los fondos se destinarán a ello) o lo que, desde la Comisión Europea, definen como «políticas modernas», donde se concentrarán un 50% de esos recursos.

No son pocas las empresas, organizaciones e instituciones que han visto la oportunidad que se abre, y que en los próximos años puede transformar profundamente territorios como la Catalunya Sud.