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El acuerdo nuclear alcanzado en 2015 supuso el levantamiento de las sanciones internacionales a Irán. Los proyectos de inversión que se extienden a sectores como las infraestructuras, donde el Gobierno iraní prevé invertir hasta 300.000 millones de dólares en una década, pero también en otros como energías renovables o el turismo.
Todas ellas áreas de negocio donde las empresas españolas son referentes.
Las relaciones comerciales entre España e Irán son bastante modestas. En el país operan alrededor de 1.400 empresas españolas, de las que 450 son exportadoras habituales.
Las importaciones españolas han pasado de representar apenas 85 millones en 2013 a unos 1.325 millones en 2017Es decir, las compras se han multiplicado por 15. Un aumento centrado en la adquisición de petróleo, principal fuente de riqueza del país y que antes de las sanciones llegó a suponer el 14% del crudo importado por España. En el caso de las exportaciones, el volumen es minúsculo.
En 2017 España vendió bienes por valor de 367 millones a Irán, lo que representa un insignificante 0,1% de las exportaciones totales españolas en ese ejercicio. España vende sobre todo productos industriales y bienes de equipo.
«Hay mucho potencial en muchos sectores», señaló el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en la visita que recientemente realizó a TeheránAllí se reunió con empresarios españoles presentes en el país de compañías como Indra, Telepizza o Renault (con numerosos proveedores españoles) y escuchó de primera mano sus problemas. El principal escollo es el de la financiación bancaria. Y es que ninguna entidad financiera está dispuesta a prestar dinero para realizar una inversión en Irán por miedo a las repercusiones que pueda tener en sus intereses en EEUU.
Los empresarios solicitaron al Gobierno, por este motivo, que se involucre más en la financiación, algo que ya hacen países como Alemania o Italia.
«El Gobierno tiene instrumentos de financiación pública y los ponemos a disposición de los empresarios», explicó Dastis durante su reciente visita.
En concreto se trata del fondo de internacionalización de la empresa y de Cesce, un organismo con participación mayoritaria pública que se encarga de cubrir los riesgos crediticios. Además, el ministro se comprometió a estudiar junto al Ministerio de Economía cómo potenciar esas vías o buscar otras.
