Una nueva moratoria amenaza inversiones en el polo petroquímico

La ‘Llei d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat’ que se vota mañana en el Parlament de Catalunya llega con una nueva carga de profundidad para el sector industrial, con la industria química, farmacéutica y de automoción como principales damnificadas.

Se trata de la disposición adicional segunda, referente al Pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents, que establece un plazo de dos años para la aprobación de un plan de cierre y desmantelamiento de las incineradoras de residuos que hay en Catalunya, junto con una moratoria, durante este período, en la tramitación de expedientes de nueva construcción o ampliación de infraestructuras de incineración.

En la demarcación de Tarragona se verán directamente afectadas dos infraestructuras importantes a consecuencia de esta disposición adicional segunda. Por un lado se encuentra Sirusa, mancomunidad municipal de gestión de residuos urbanos (donde participan los ayuntamientos de Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Salou, Vila-seca y La Canonja). Por el otro, la incineradora de residuos especiales de Constantí, gestionada por Sarpi.

«Tenemos un problema serio, y es extraño que no se haya consultado a los agentes sociales» - Moisès Fortuny, UGT

En este segundo caso, se trata de la única incineradora en todo el Estado capaz de gestionar determinados residuos que, siguiendo las directivas de la Comisión Europea, solo está indicado tratar mediante incineración. Sectores estratégicos como el petroquímico, farmacéutico o de automoción dependen de la gestión de este tipo de residuos que se lleva a cabo en este centro.

De prosperar mañana esta disposición adicional segunda, quedarían amenazadas, por ejemplo, la ejecución de inversiones como la ampliación de la línea de incineración de esta infraestructura en Constantí, que fuentes del sector cifran en unos 5 millones de euros todavía por ejecutar, pero también la más estratégica inversión de 60 millones de euros en una segunda línea de incineración, proyectada para 2023 o 2024, que debe responder a las demandas de crecimiento del sector industrial.

«Si creas inseguridad jurídica, en un mundo globalizado como este, las inversiones van a ir a otro lado» - Juan Pedro Díaz, AEQT

Porque esta moratoria tiene un efecto en cadena sobre todo el tejido industrial. Lo explica Juan Pedro Díaz, gerente de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT): «Antes de poner en marcha una inversión o aumentar la capacidad de una planta, como empresa necesito que la incineradora me confirme que puede hacerse cargo de mis residuos. Y si creas inseguridad jurídica, en un mundo globalizado como este, compitiendo con otras plantas del mundo, las inversiones van a ir a otro lado».

Moisès Fortuny, secretario general de UGT-FICA en Tarragona, coincide: «Estamos muy preocupados, y es una situación que no solo afecta a Tarragona, sino a toda Catalunya. Si prohíben cualquier tipo de inversión en las incineradoras, no podremos llevar a cabo mejoras técnicas para reducir los contaminantes y mantener las incineradoras abiertas». Sin ellas, calcula que el incremento de costes de llevar a incinerar los residuos hasta Francia será de un 400%.

• Obligados a cerrar

Ese sería el escenario en el que, independientemente de cómo avance durante estos dos años el plan de cierre y desmantelamiento en Catalunya, se encontrarían incineradoras como Sirusa o la incineradora de Constantí, que tienen que acometer una serie de inversiones en mejoras tecnológicas antes de octubre de 2023, para dar cumplimiento al documento BREF Waste Incineration de la Comisión Europea que exige implantar las mejores técnicas disponibles en el sector de la incineración de residuos.

«Limitar la acción de una planta de gestión de residuos es algo que afecta a todo el tejido productivo» - Jordi Margalef, STR

Sin posibilidad de acometer esas inversiones durante los próximos dos años, una incineradora estratégica como la de Constantí para sectores como el químico, farmacéutico o de automoción llegaría a octubre de 2023 incumpliendo los nuevos requisitos de la Comisión Europea, con lo cual podría darse el caso de que quien ordenase el cese de su actividad no fuese el Govern, sino la propia Comisión Europea.

Jordi Margalef, secretario de comunicación del sindicato STR, con una importante presencia en el polo petroquímico de Tarragona, explica las consecuencias de ese hipotético cese de actividad: «Una planta de gestión de residuos como esta es parte del proceso industrial y, si limitas su acción, también limitas la acción de nuevas empresas que puedan invertir en un polo petroquímico como el nuestro y hacer peligrar las inversiones de empresas ya existentes. Es algo que afecta a todo el tejido productivo». 

«Tenemos un problema muy serio –añade Moisès Fortuny, de UGT–, y es extraño que no se haya consultado a los agentes sociales. A corto plazo dificulta mucho las inversiones de las empresas químicas; a largo plazo, amenaza la pervivencia de los polígonos Norte y Sur» del polo petroquímico de Tarragona.