El PP busca desalojar a Pedro Sánchez desanimando al voto femenino que le sostuvo el 23-J

La ofensiva del Partido Popular contra el gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado en los reiterados casos de abusos sexuales vinculados a dirigentes del PSOE un filón de primer orden. Es un golpe dirigido al corazón electoral de los socialistas: el voto femenino, decisivo en las generales del 23-J para frenar a la derecha. El PP explota este flanco convencido de que cuestionar la credibilidad feminista de los socialistas puede romper un vínculo político que ha sido estructural en la última década.

El Ejecutivo afronta, al mismo tiempo, dos crisis que se retroalimentan y que no ha sabido contener a tiempo. Por un lado, la corrupción, con un goteo constante de investigaciones judiciales y policiales —llevadas por la Guardia Civil a través de la UCO— que apuntan a la trama Cerdán-Ábalos-Koldo y a actuaciones bajo sospecha en empresas públicas y ministerios. Por otro, las denuncias por acoso y conductas machistas que afectan a cargos socialistas de distintos niveles y territorios: Andalucía, el País Valencià, Galicia y el propio Madrid. En ambos frentes, el patrón se repite: reacción tardía y contundencia solo cuando los casos ya eran titulares.

El contraste entre el discurso y la realidad resulta muy incómodo para un partido que ha hecho del feminismo uno de sus ejes identitarios. Reivindicar ahora «somos el partido de las mujeres», como hizo la secretaria de Organización, Rebeca Torró, suena defensivo en plena cascada de dimisiones, expedientes informativos y denuncias internas. Desde el estallido del caso Paco Salazar hace cinco meses —era director de Análisis del Gabinete de la Presidencia— la crisis no ha dejado de escalar ante la sospecha de que pueden aflorar más episodios.

Peor que la corrupción

Este flanco inquieta al PSOE incluso más que el de la corrupción. El partido asume que el PP está decidido a explotarlo porque sabe que ahí puede hacer más daño que insistiendo en las mordidas o en sumarios judiciales, terreno en el que los populares tampoco exhiben un historial impoluto y que, además, puede volverse incómodo con investigaciones abiertas como la de la dana. El voto femenino no es accesorio para el PSOE: es parte de su ADN electoral.

La estrategia del PP, sin embargo, tropieza con una debilidad sistémica: la falta de aliados sólidos y fiables. Lo señalaba este fin de semana el presidente del PNV, Aitor Esteban, un fino observador, al advertir que, pese al desgaste del gobierno español y la acumulación de escándalos, el PP es incapaz de articular una mayoría alternativa. Lo prueba el mapa político autonómico.

Un PP maniatado

Aragón es el último caso. El presidente Jorge Azcón se ha visto obligado a convocar elecciones anticipadas tras fracasar las negociaciones presupuestarias con Vox. La ruptura con su socio evidencia que, incluso donde gobierna, el PP depende de acuerdos frágiles y volátiles. Aragón es el tercer caso de comunidad gobernada por los populares en que la convocatoria electoral es consecuencia directa del bloqueo de Vox.

El carrusel electoral comenzará el 21 de diciembre en Extremadura, seguirá el 8 de febrero en Aragón, continuará en Castilla y León en marzo y culminará en Andalucía en junio. Solo en el caso andaluz la cita es la ordinaria, amparada en la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla. En el resto, el patrón es el mismo: ruptura con el socio, que solo se resuelve, como en el País Valencià, con un acuerdo en el que Vox lleva la vox cantante. El PP proyecta una imagen de inestabilidad en feudos que daba por consolidados y de debilidad respecto al presunto aliado. No es la mejor campaña electoral.

El PSOE no lo tiene mejor. Los socios de Sánchez endurecen posiciones. Sumar, con Yolanda Díaz al frente, exige una reformulación radical del Gobierno ante la sucesión de investigaciones, registros y detenciones, incluida la del expresidente de la SEPI Vicente Fernández. En la Moncloa se resisten a abrir una crisis de gobierno y apuestan por resistir: recuerdan que no hay ministros imputados y que el objetivo sigue siendo agotar la legislatura.

Junts rompe puentes

Otro actor decisivo es Junts. El partido de Carles Puigdemont ha dado por rota su relación con el Ejecutivo y ha anunciado que votará contra los Presupuestos Generales que el Gobierno prevé presentar en febrero.

El diputado por Tarragona Josep Maria Cruset ha sido explícito: la ruptura es «irreversible» y ningún gesto de última hora servirá para recomponerla. Junts da por incumplido el pacto de investidura y considera agotada la vía de la negociación, dejando al Ejecutivo frente a una mayoría parlamentaria hostil.

El resultado es un tablero político crecientemente inestable. El CIS sostiene que el PSOE ganaría hoy con una ventaja de diez puntos, pero se trata de una predicción arriesgada: la encuesta se realizó antes del ingreso en prisión de Ábalos y de las últimas denuncias por conductas machistas.

CIS o no CIS, se impone una percepción de agotamiento, mezclada con la inquietud sobre el porvenir.

El PP ataca donde más duele, pero no consigue construir una alternativa clara y confortable. Los socios de Sánchez aprietan y algunos, como Junts, se descuelgan. El gobierno se aferra a la resistencia, mientras la legislatura está casi en punto muerto, atrapada entre escándalos, bloqueos y desconfianza.

La incógnita ya no es si habrá más sobresaltos, sino cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio precario en el Congreso y en el gobierno antes de que el desgaste termine por imponer una salida electoral anticipada.