La plataforma International Trial Watch-Catalan Referendum Case, creada para observar el juicio del Procés, considera que la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a cien años de prisión a los líderes independentistas, «criminaliza el derecho de protesta y viola los derechos de reunión y manifestación», lo que genera, alerta, un efecto disuasorio para otros movimientos sociales críticos con el status quo.
Miembros de la plataforma, impulsada por varias asociaciones de abogados, organizaciones catalanas pro derechos humanos y grupos próximos al secesionismo, presentaron ayer en Madrid sus conclusiones tras conocer las condenas por sedición a los principales dirigentes independentistas catalanes.
A su juicio, se ha castigado penalmente «la organización de protestas masivas y pacíficas para presionar a las instituciones».
Para Belén Caballero, presidenta de la Asociación Libre de Abogadas y Abogadas, la sentencia «ha atacado uno de los principios básicos y fundamentales de un Estado de Derecho, el principio de legalidad, haciendo cuadrar de manera torticera» en el delito de sedición el ejercicio de derechos fundamentales.
Dudas de imparcialidad
Desde la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, Cristina Serván destacó la adhesión al informe de 533 juristas a título individual, y de 29 organizaciones, como la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la italiana Antigone o Abogados Demócratas Europeos.
El presidente de esta última asociación, Robert Sabata, consideró el proceso llevado a cabo por el Tribunal Supremo como «un juicio político», con «violaciones muy claras de tipo formal».
En su opinión, el juicio debería haberse celebrado en Catalunya, se vulneró el derecho a la segunda instancia, y «hay graves dudas sobre la independencia y la imparcialidad del tribunal».
En la misma línea, la abogada belga Mireille Jourdan denunció la vulneración del derecho a la defensa, con el «trato desigual» a las distintas partes presentes en el proceso, y subrayó que en el juicio no se presentó «ningún indicio del uso de violencia por parte de los acusados».
Para los observadores de International Trial Watch-Catalan Referendum Case, según señaló su portavoz, la abogada Anaïs Franquesa, las condenas «quiebran claramente el principio de legalidad penal, lo que ocurre cuando la ley no es previsible para sus destinatarios.
Concepto de «alzamiento»
En la sentencia, apuntan los observadores, se prescinde del concepto de «alzamiento» acuñado en la jurisprudencia, y se basa la sedición en las concentraciones multitudinarias del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria d’Economia, y las del 1-O, el día del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. «Si no tenía ninguna eficacia jurídica, no podían desobedecer; lo que había era un voto simbólico en legítimo ejercicio del derecho de expresión y reunión», subrayó Anaïs Franquesa.
El informe se realizó a partir de las consideraciones de 62 observadores, 34 de los cuales internacionales, venidos de 17 países diferentes.
