Los grupos del PSC, ERC y Comuns han acordado la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre la actividad de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) desde 2011 hasta la actualidad.
Las tres formaciones han registrado este jueves la solicitud ante la Mesa del Parlament, tras la apertura de un expediente informativo por parte de la Generalitat para revisar la actuación de la DGAIA, después de que saliera a la luz que una red de pederastas —liderada por un electricista para quien la Fiscalía solicita 107 años de prisión— violó reiteradamente a una menor en un piso de Barcelona al que acudía tras haberse escapado del centro tutelado donde vivía.
La comisión abordará cuestiones como los casos de violencia sexual contra menores tutelados por la DGAIA, el cobro de prestaciones y mecanismos de control, el análisis de la garantía de los derechos del menor y mejoras en el sistema de protección a la infancia, así como la «tensión» en el sistema de protección de menores en el periodo 2016-2020 «y la consiguiente realización de contratos de emergencia».
También se estudiarán «los posibles cambios que requiere la DGAIA y la dotación de recursos necesaria para afrontar los retos», señala el documento registrado.
En el texto también se subraya la necesidad de una “transformación profunda” del modelo de atención de la DGAIA.
En declaraciones a los periodistas, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha defendido la “transparencia” de su formación y ha recalcado que, si se detectan irregularidades, habrá que actuar “con toda la contundencia que se debe tener”.
La portavoz republicana ha argumentado que el uso de contratos de emergencia en la DGAIA en los últimos años respondió al “pico de llegada masiva de menores”, a los que había que garantizar “lugares donde poder vivir”, pero ha defendido la necesidad de “aclarar” las prestaciones otorgadas.
Este anuncio coincide con el realizado esta mañana por Junts, que también ha avanzado que impulsará una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA.
Asimismo, esta mañana la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha anunciado que la Generalitat se personará en el caso de la menor tutelada violada y ha explicado que ha pedido comparecer ante el Parlament tras un caso que ha calificado de “dramático” y sobre el que ha asegurado que quiere llegar “hasta el final”.
A la polémica por la violación de la menor tutelada se suman también las investigaciones abiertas por la Oficina Antifraude de Catalunya y la Sindicatura de Cuentas por posibles irregularidades en la gestión de la DGAIA, como “plazas fantasma” de jóvenes que ya no estaban en las instituciones o pagos indebidos de ayudas públicas a extutelados que ya estaban trabajando.
