Gastos de desplazamiento y manutención, vacaciones, alta en la Seguridad Social y reconocimiento de la antigüedad, limitaciones a un máximo del 20% de las plantillas o desaparición de la figura de las prácticas extracurriculares.
Son algunas de las medidas que contempla el borrador del Estatuto del Becario, negociado entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, con fuerte contestación desde organizaciones empresariales como la CEOE, pero también desde la comunidad universitaria, que denuncia que apenas ha sido consultada en una cuestión fundamental que le afecta directamente, llevando el debate al ámbito laboral y obviando el componente formativo.
El Estatuto del Becario quiere poner fin a las malas praxis que llevan a la figura del ‘falso becario’
La medida, que logró el preacuerdo de los sindicatos CCOO y UGT el pasado 17 de octubre, iba a tomar forma de Real Decreto presumiblemente la semana pasada, con la oposición de la CEOE y la comunidad universitaria. Pero el jueves, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció que iban a dar más tiempo a la patronal para lograr su firma en el nuevo Estatuto del Becario, igual que lograron su adhesión en la Reforma Laboral.
Las nuevas previsiones se sitúan más allá del 23 de noviembre, cuando se celebrarán los comicios que deben renovar la cúpula directiva de la CEOE. Hasta entonces, el borrador acordado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos CCOO y UGT es el texto de referencia para una regulación que pretende terminar con los abusos y las malas praxis en las prácticas no laborales, donde ‘falsos becarios’ llevan a cabo tareas estructurales en la empresa, que deberían estar en el ámbito laboral.
La nueva regulación pretende establecer en un 20% de la plantilla el número máximo de becarios que puede tener una organización
Lucía Aliagas, coordinadora de Acció Jove del sindicato CCOO en Catalunya, defiende el preacuerdo alcanzado para el Estatuto del Becario como «una de las grandes demandas para regular las prácticas no laborales, con falsos becarios que terminaban ocupando plazas estructurales».
El nuevo Estatuto del Becario, de prosperar finalmente según lo acordado entre el ministerio liderato por Yolanda Díaz y los sindicatos mayoritarios, «limitará», asegura Lucía Aliagas, de CCOO, estas malas praxis, para que esas prácticas no laborales «tengan un plan formativo más marcado, con lo cual es más fácil perseguir el fraude».
El alta en la Seguridad Social de cualquier estudiante en prácticas, sean estas remuneradas o no, es la clave para ejercer ese control del fraude, según defienden sindicatos y Gobierno. «Como que estos estudiantes no cotizaban en la Seguridad Social -argumenta Lucía Aliagas, de CCOO-, no teníamos datos reales, lo que permitía que hubiese casos de empresas en los que más de un 60% de los puestos de trabajo no eran en plantilla».
El razonamiento, sin embargo, es discutido no solo desde las organizaciones empresariales, sino también desde la comunidad universitaria.
Las universidades protestan
Al día siguiente de hacerse público el preacuerdo con los sindicatos para llevar adelante el Estatuto del Becario, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), una asociación que agrupa a la mayoría de universidades de España (con 50 instituciones públicas y 26 privadas, donde se encuentra también la Universitat Rovira i Virgili), emitió un duro comunicado en el que denunciaba que «pese a representar a la práctica totalidad del sistema universitario, apenas se ha contado con Crue para realizar aportaciones y escuchar su opinión».
En este comunicado, esta asociación universitaria destacaba que «es imposible justificar que, si el objeto de dicho proyecto normativo es la regulación de las prácticas académicas (universitarias), todo se esté decidiendo en el marco del Diálogo Social que protagonizan en exclusiva Gobierno, sindicatos y patronales», a lo que añadía una «incomprensible laboralización de una actividad que es pura y esencialmente académica».
La comunidad universitaria denuncia que no se les ha tenido en cuenta
Lo cual les llevaba hasta uno de los principales puntos de fricción: el alta en la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas. Sobre ello, insistía en el carácter no laboral de estas prácticas académicas, a la vez que alertaba de que «la gestión de las altas y las bajas, así como de la cotización, va a exigir una dedicación del personal de las universidades que habrá que detraer de otras tareas que ahora se vienen haciendo o recurrir a nuevas contrataciones, sin que haya presupuesto ni para esto ni para pagar la cotización de los estudiantes en prácticas», incluso en el caso de que se aplique una bonificación o una reducción del 95%, como se contempla en el preacuerdo alcanzado con los sindicatos.
Se contempla una moratoria de un año para eliminar las prácticas extracurriculares en aquellos estudios que tengan prácticas curriculares
Montserrat Pinent, vicerrectora de Projectes Docents i Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (URV), analiza la propuesta. «La idea de partida -reflexiona- es buena: vamos a evitar los fraudes y las malas praxis que se hayan podido dar en diversos ámbitos. Pero si bien la idea era buena, quizás no se ha interlocutado lo suficiente con todos los agentes».
«Hay una serie de riesgos -prosigue Montserrat Pinent- que no están considerados, y con el alta en la Seguridad Social, tal y como está contemplado hasta ahora, será difícil colocar a todos los estudiantes en unas prácticas. Además, no debemos olvidar que el 70% de las prácticas universitarias tienen lugar en Administraciones Públicas, y la Seguridad Social será un coste que no podrán asumir. Incluso podría suceder que haya universidades que quiten las prácticas obligatorias de sus grados si no pueden dar esta oferta».
«Encima -añade Pinent-, los que hayan tenido prácticas obligatorias habrán cotizado en la Seguridad Social, con lo cual creas diferencias entre estudiantes. Se ha laboralizado todo, y se ha quitado la parte formativa».
Montserrat Pinent rebate también el principal argumento esgrimido por quienes defienden laboralizar estas prácticas: el control sobre las malas praxis a partir del alta en la Seguridad Social. «Cuando hablamos de prácticas formativas -explica Pinent-, las universidades ya tienen estos mecanismos de control, a través de la rescisión de los convenios de prácticas en caso de detectarse malas praxis».
Pere Vidal, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y abogado laboralista, coincide en que lo que contempla el borrador del nuevo Estatuto del Becario «es una laboralización de la figura del becario, que por un lado es correcta para evitar el abuso, pero por el otro lado es ‘matar moscas a cañonazos’, lo que hace que al final, si se parece tanto a un trabajador ordinario, las empresas se olviden de coger a un becario».
«Había que regular los falsos becarios que terminaban ocupando plazas estructurales» (Lucía Aliagas, CCOO)
«La Seguridad Social conseguirá más gente cotizando -analiza Pere Vidal-, y estás criminalizando el fraude y los falsos becarios, es cierto, pero también lo es que esto ya se controlaba. Con estas medidas -alerta- se provocará que las empresas se lo piensen dos veces en el momento de coger a un becario».
Desde la patronal de micro, pequeñas y medianas empresas Pimec, que no forma parte del diálogo social pero está claramente afectada por este proyecto de Estatuto del Becario, Sílvia Miró, directora del Àrea de Treball, explica que «las prácticas, tanto en estudios universitarios como en Formación Profesional, no solo son la mejor vía de inserción laboral para los jóvenes, sino que permiten la adquisición de toda una serie de competencias que difícilmente se podrían adquirir en el aula».
«Se ha laboralizado todo, y se ha quitado la parte formativa» (Montserrat Pinent, URV)
«El hecho de no tener esas competencias -prosigue Miró- es lo que en muchos casos acaba dificultando la inserción laboral, porque los tiempos de adaptación después son más largos. La naturaleza de las prácticas es absolutamente formativa, y por eso nosotros defendemos su mantenimiento, tanto de las curriculares como de las extracurriculares».
Un punto, este último, que junto al alta en la Seguridad Social es con toda probabilidad el más discutido en lo que hasta ahora contempla el borrador del Estatuto del Becario: la supresión de las prácticas extracurriculares. Es decir, todas aquellas prácticas que, si bien cuentan con un convenio entre la Universidad y la empresa, no forman parte del curriculum académico del grado, y que hasta ahora eran la principal fuente de prácticas formativas para aquellos estudiantes sin oferta de prácticas curriculares en los grados, además de una forma popular para extender las prácticas curriculares más allá del curso académico.
No es infrecuente que, una vez terminadas las prácticas curriculares en una empresa, se extienda por ejemplo el periodo de prácticas durante los meses de verano, terminando en septiembre con una contratación formal en la empresa.
De hecho, no son pocas las empresas que en su estrategia de captación de talento cuentan con estos periodos de prácticas extendidas para terminar de decidir futuras contrataciones. Con la eliminación de las prácticas extracurriculares, se restan claramente oportunidades a estos jóvenes, tal y como destacan tanto la comunidad universitaria como las asociaciones empresariales.
«Se provocará que las empresas se lo piensen dos veces en el momento de coger a un becario» (Pere Vidal, UOC)
En opinión de Sílvia Miró, de Pimec, la supresión de esta modalidad de prácticas es un paso atrás «para aquellas personas estudiantes que, por sus necesidades, circunstancias y expectativas laborales, decidan ampliar este periodo de prácticas, porque consideran que les enriquecerá el hecho de continuar aprendiendo otras competencias más allá de las que puedan haber adquirido en el aula».
Además, «los datos demuestran -prosigue Miró- que, en un gran número de casos, estas personas en prácticas son contratadas por las mismas empresas en las que han realizado prácticas, y son la mejor vía para el aterrizaje en el mercado laboral de los jóvenes».
Montserrat Pinent, de la URV, comparte el impacto de la posible supresión de estas prácticas extracurriculares: «Es algo que puede restar oportunidades al estudiante que no tiene prácticas obligatorias. Además, para una empresa, el hecho de saber que esos estudiantes en prácticas, una vez terminadas las curriculares, pueden estar más tiempo en la empresa con las extracurriculares, les permite gestionar con más tiempo su formación y, quizás, quedárselos después con un contrato laboral».
«Las prácticas extracurriculares son la mejor vía para el aterrizaje en el mercado laboral de los jóvenes» (Sílvia Miró, Pimec)
La pérdida de esta modalidad de prácticas «tiene un impacto negativo -añade Pinent-, porque no son ni marginales ni residuales. Y son complementos formativos que, dependiendo del perfil del estudiante, pueden aportar una experiencia beneficiosa. Por ejemplo, estudiantes que prueban el mundo de la empresa pública y luego el de la empresa privada, para comparar».
Sobre el hecho de que prohibir las prácticas extracurriculares evitará las malas praxis en la figura del falso becario, Pinent insiste en que ya existen los mecanismos de control por parte de las universidades, «y no es una práctica habitual ir cancelando convenios a consecuencia de malas praxis».
Las prácticas extracurriculares son una vía habitual para lograr un primer empleo
Del mismo parecer es Pere Vidal, de la UOC: «La idea que se desprende del nuevo Estatuto del Becario es reforzar el carácter formativo de las prácticas y eliminar todo aquello que no esté de forma obligatoria en los estudios. Pero es que una empresa no necesita un becario, porque no se puede utilizar para cubrir necesidades estructurales: el objetivo es que aprendan. Si no, estamos hablando de un contrato formativo, que es otra cosa, y que se dirige a un trabajador que ya tiene una titulación, dentro de un periodo determinado, para que pueda entrar en el mercado laboral. Pero eso es una figura laboral».
Con la supresión de las prácticas extracurriculares, prosigue Pere Vidal, «estás limitando una posibilidad real para que un estudiante de segundo o tercero de grado pueda adquirir por ejemplo una experiencia en un despacho de abogados durante un verano. Si se elimina la posibilidad, estás limitando sus opciones de formación».
«Eliminar por completo las prácticas extracurriculares -razona Pere Vidal-, creo que es una medida demasiado radical. El trasfondo es evitar el abuso del becario, pero la medida es demasiado drástica. Evitarás el abuso, eso está claro, pero estás impidiendo que esos estudiantes tengan una experiencia extra. Si prohibes alargar las prácticas en verano con extracurriculares, estás dando pasos atrás».
