Las patronales se desmarcan de la amenaza de huelga de la Plataforma del Transporte

El precio del combustible bate récords por segunda semana consecutiva. La FEAT lamenta que los contratos cerrados antes de la subida de precios comportan «pérdidas directas»

18 junio 2022 18:17 | Actualizado a 18 junio 2022 18:18
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Las patronales del transporte se desmarcan de las amenazas de huelga de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, que tras reunirse el jueves con el Gobierno, lamentó no haber recibido garantías de que la ley que debe evitar que trabajen por debajo de costes esté aprobada a final de mes. La cuestión es que la gasolina ha marcado un nuevo máximo, el segundo consecutivo, tras venderse la última semana a un precio medio de 1,917 euros el litro, mientras que el gasóleo se acerca cada vez más a su récord, pese a que ambos incluyen la bonificación pública de 20 céntimos por litro. En este sentido, el colectivo denuncia que desde que desconvocaron la primera huelga a principios de abril los transportistas autónomos están perdiendo de media 2.000 euros por camión, con lo que presionan al Ministerio de Transportes a que cumpla el plazo de tres meses que dijo que necesitaba para aprobar la regulación que combate el trabajo de los transportistas por debajo de los costes. Con todo, el portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, aseguró el jueves tras la reunión con el Gobierno que serán sus bases las que finalmente decidan si se reactiva el paro ante la falta de garantías de que la ley sea una realidad antes de que acabe el mes. La consulta a los transportistas está prevista para el 26 de junio.

No obstante, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) y la Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona (FEAT) se han desmarcado por completo de estas amenazas de huelga. Juan José Gil, secretario general de la patronal nacional, señala que «la plataforma es muy soberana y decide lo que estima conveniente, pero nosotros nos regimos por nuestra asamblea general». En este sentido, Gil asegura que «nos reuniremos con el Gobierno la semana que viene para estudiar y valorar en qué punto están las ayudas económicas que se deben aplicar antes del 30 de junio. Deben concretar qué medidas tomarán, y a partir de cómo vayan las negociaciones, la semana siguiente convocaremos la asamblea y valoraremos si llevamos a cabo alguna movilización». Con todo, el secretario general defiende que «hemos visto que la ayuda directa al carburante gestionada por las gasolineras no es eficaz, no creemos que haya llegado íntegra a los usuarios, con lo que proponemos que sea la Agencia Tributaria quien devuelva el dinero a los sectores afectados». Por su parte, Josep Lluís Aymat, director de la FEAT, se desmarcaba también de la amenaza de huelga de la Plataforma para la Defensa del Transporte señalando que «ninguna organización representativa que esté en el comité nacional ha convocado ninguna huelga, con lo que no tenemos nada que decir».

Revisar precios de contratos

El impacto del aumento del precio de la gasolina es total en el sector del transporte, pero el presidente de la FEAT, Lluís Domènech, propietario, además, de Autocars Domènech, de Falset, pone énfasis en la problemática de los contratos firmados antes de la subida desmedida del precio del carburante. «Muchas empresas tienen contratos cerrados con otras empresas y administraciones, y el hecho de no poder repercutir el incremento del coste del combustible en el precio de éstos comporta que entremos en pérdidas directamente». Una cuestión que también trata la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) en un comunicado que sacó la semana pasada denunciando que «el incesante incremento del precio del combustible amenaza la actividad del sector del transporte de viajeros por carretera». En el escrito, señalan que «desde el sector se ve positivamente que a otros sectores estratégicos, como el de la construcción, se les haya concedido la posibilidad de revisar los precios de los contratos, a pesar de la Ley de Desindexación. Así, pues, no se entiende cómo a un sector esencial como es el transporte de viajeros por carretera no se le otorgan medidas en la misma línea, que permitan adaptar los precios del contrato a la realidad actual».

Domènech ejemplifica lo complicada que es la situación asegurando que «en el garaje tenemos un depósito de 10.000 litros de combustible. Antes, llenarlo nos costaba 9.000 euros, y ahora, 18.000». Así, lamenta que «la previsión no es muy optimista, el Gobierno aplicó la ayuda de 20 céntimos pero ya ha vuelto a subir el precio y estamos igual, la ayuda se la quedan las petroleras».

Los precios disparados de la gasolina también afectan a las empresas de reparto de paquetería. Alejandro Gómez es repartidor asalariado, y asegura que «antes con lo que llenaba un depósito tenía para una semana y ahora, tan solo para dos días». En este sentido, lamenta que las empresas ya están despidiendo trabajadores y esas rutas las cubren otros repartidores, además de repercutir el aumento de los costes en el cliente final.

Quienes todavía no lo repercuten son los taxis y las autoescuelas, aunque estas segundas aseguran que estarán obligadas a aumentar el precio de las tarifas si esto continúa igual. David Navarro, presidente de la Agrupació Radio Taxi Tarragona, comenta que «si llenar un depósito antes nos costaba 60 o 70 euros, ahora nos cuesta 100, y es un golpe que asume el taxista porque las tarifas están congeladas desde hace cinco años».

Carles Oliver, presidente de la Associació d’Autoescoles de la Província de Tarragona y propietario de la Autoescola CR-X de Reus, explica también que le cuesta más de 100 euros llenar el depósito, «y lo lleno cada dos días». A pesar de todo, asegura que «las autoescuelas todavía no han repercutido el sobrecoste en las tarifas de los alumnos, pero si todo sigue igual tendremos que subir precios, como el resto de sectores».

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