Terrible dilema para un legislador decidir en estos asuntos. Por un lado, el derecho constitucional a una vivienda; por otro, el también derecho constitucional a la propiedad y a su defensa.
Por mi profesión de abogado he tenido la oportunidad de entrar en ambos campos. Con pesar, porque a veces era en el ámbito del derecho penal, y otras en el civil, pero en fases de ejecución y lanzamiento.
Para que el lector lego lo entienda, los juzgados están llenos de ejecuciones de pobres gentes que no han podido pagar las rentas o los créditos y los acreedores (generalmente bancos o fondos ‘buitres’) han ejecutado esos impagos contra los que no pueden hacer nada por su falta de dinero. Bien porque se han quedado sin trabajo, bien porque no tienen efectivo suficiente (muchas veces, una miserable pensión de paro o jubilación).
Los juzgados también están llenos de denuncias por la ocupación de viviendas o locales por parte de elementos de toda clase. Digo de toda clase, porque entre los ‘okupas’ hay personas o familias que están, como los anteriores, en el mismo umbral de vulnerabilidad: es decir, que no tienen cómo hacer frente a un alquiler o no llegan a lo que se les pide como renta de vivienda. Y entre los ‘okupas’ hay verdaderos timadores, que llegan a falsificar contratos de subarriendo a ingenuos que, por no consultar el Registro de la Propiedad, se creen que aquel piso o local, tan bien de precio, con contrato firmado y todo, es legítimo.
Los Juzgados están llenos de ejecuciones de pobres gentes que no han podido pagar las rentas o los créditos y los acreedores (bancos o fondos ‘buitres’) han ejecutado esos impagos
Y también hay ‘okupas’ que desmantelan los pisos, los llenan de porquería y roban cuanto les viene en gana, porque, además, no suele haber inventarios de los bienes que hay en la propiedad.
Y, por último, las desgracias no vienen solas, todos los citados se pueden acoger –y de hecho lo hacen todos– al llamado beneficio de Justicia Gratuita, que les hace ser representados y defendidos por letrados y procuradores del Turno de Oficio. O sea, que tampoco les pagan ellos, sino las risibles cuotas que da la ‘Conselleria de Justícia’.
¿Remedios?
Se han promulgado leyes y se ha ido apretando el cinturón legal, pero el clamor de los propietarios defraudados o robados es inmenso; el clamor de los pobres, sin oficio ni beneficio por avatares de la vida, se oye cuando están a punto de ir a la calle. A veces son parejas de jubilados, alguno sin pensión, el otro con una pensión de 600 a 900 euros mensuales, que no les da para comer, vestir, pagar gastos de luz y gas, quizás de gasolina de un viejo trasto, y mucho menos para pagar un alquiler de 600 a 800 euros mensuales.
Las responsabilidades ante la sociedad son dobles: de los partidos políticos que no han sabido ponerse de acuerdo –como tantas otras veces– en un problema socialmente candente. De los legisladores, claro. Y de la Judicatura, que llega a aceptar –por ejemplo– como prueba de habitabilidad una factura por la compra de una pizza por parte del ‘okupa’.
Urge ya, sin excusas, soluciones legales para que los propietarios se vean protegidos, para que los vulnerables sean protegidos (hay miles de pisos vacíos, hay que construir más viviendas de Protección Oficial...) y que los ‘okupas’ de mala fe, indeseables o delincuentes, sean castigados con rapidez y eficacia.
¿Veremos que los unos y los otros hablarán de todo esto en el Parlamento y en el Consejo del Poder Judicial?...
Hagan apuestas.
