Que contento estaba ayer el sr. Bárcenas cuando el juez Pablo Ruz le firmaba el permiso –como si de un colegio se tratara– para que pudiera irse a practicar uno de sus pasatiempos preferidos –además de evadir dinero al extranjero, presuntamente–. Después de pasar 19 meses entre rejas, finalmente disfrutará de su casita de 190 metros cuadrados en Baqueira, desde donde podrá ir a esquiar cada día a las cercanas pistas. Apura hasta el último momento de su santuario hivernal –supuestamente comprado con el dinero de la caja B del Partido Popular–, porque su venta está embargada.
Seguro que la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional es del todo legal. Pero para la mayor parte de la ciudadanía es, cuanto menos, chocante que una casa de la que pesan medidas cautelares pueda disfrutarla tranquilamente un hombre procesado por cargos muy graves, un hombre que sólo en Suiza tenía 47 millones de euros evadidos de España. Y chocante también es que en una causa tan extensa y ramificada, con tantos actores implicados, uno de los máximos implicados sólo haya estado menos de dos años –la ley prevé un máximo de cuatro– en prisión preventiva. No sé si hay riesgo de fuga, pero sí que hay de destrucción de posibles pruebas, porque los tentáculos de los sospechosos de delitos de guante blanco son muy largos... y peligrosos.
¿Qué deben pensar los abogados de Tarragona que cada día luchan por excarcelar a sus clientes, que posiblemente no han cometido hechos tan graves pero están en prisión preventiva? La justicia no es igual para todos.
