La saturación en los juzgados de Tarragona se agrava. Cada día entran unos 380 casos nuevos, una cifra que antes de la pandemia oscilaba entre los 280 y los 300. El aumento respecto al balance del año pasado es del 13% pero aún es más grave el acumulado de temas pendientes, ya que el tapón se va haciendo cada vez más grande, en parte por las consecuencias derivadas de la Covid-19.
A finales del segundo trimestre de este año había casi 62.000 asuntos en trámite, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2019, antes de la pandemia, el dato era de 49.106, un 26% menos. Desde 2016, el número de asuntos judiciales pendientes se ha disparado en la provincia un 59%.
«La inmensa mayoría de órganos judiciales de la provincia están con sobrecarga de trabajo», señala Joan Perarnau, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona
La Memoria de la Audiencia Provincial de Tarragona de 2021 ya señalaba diversas deficiencias. Identificaba al menos 12 juzgados saturados y urgía a la creación de otros cuatro para empezar a descongestionar el sistema. Asimismo, indicaba que durante el año pasado la Covid «siguió limitando el funcionamiento normal de la actividad judicial en la provincia», en palabras de Joan Perarnau, presidente de la Audiencia, que añadía: «La inmensa mayoría de órganos judiciales de la provincia están con sobrecarga de trabajo». Expone el informe, en relación al balance del curso 2021: «Las limitaciones de aforo, la necesidad de cumplir las estrictas medidas sanitarias, las numerosas bajas producidas o las suspensiones de juicios, en porcentajes del 30-40% en algunas fases, ha generado una ralentización generalizada de la actividad judicial».
«Los juzgados se desbordan. No damos abasto para satisfacer las necesidades del ciudadano y el tejido empresarial», denuncia Estela Martín, decana del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
La situación ha empeorado en lo que va de año. Y no es cuestión de que falte intensidad de trabajo, más bien al contrario. Los juzgados de Tarragona resuelven más asuntos de los que entran, pero es tal el volumen de pleitos que los temas se acumulan. Lo demuestran las últimas cifras pero también lo exponen voces como la de Estela Martín, decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT): «Desde hace meses venimos denunciando que a causa de la pandemia ha habido un aumento considerable de los asuntos y la litigiosidad».
Tiempos de espera más largos
Todo ello lleva a que, según Martín, «los juzgados se vean desbordados y a que no demos abasto para satisfacer la necesidad de los ciudadanos y el tejido empresarial». La consecuencia es «unos tiempos de respuesta mucho más largos de lo que ya era habitual», en concreto, en dos ámbitos: «Los juzgados sociales y el mercantil tienen situaciones especialmente graves».
«La clave es disponer siempre más recursos y más celeridad porque las crisis económicas suelen crear una mayor litigiosidad», indica Manuel Sosa, presidente de la sección de Derecho Civil del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. Los tiempos convulsos suelen traducirse en un mayor volumen de actividad.
«Ha habido mucho aumento de temas de familias, ligado a modificación de medidas», explica Encarnación Orduna, decana del Col·legi de l’Advocacia de Reus
Sosa admite que «los abogados intentamos fomentar vías como la mediación, sobre todo en el tema de las familias, y también el arbitraje cuando se trata de temas empresariales, para que en lugar de tener que esperar cuatro o cinco años con un tema lo puedes resolver en seis meses».
El abogado Francisco Zapater reconoce que «la pandemia ha afectado bastante, en la medida en que ha dilatado los procesos, que duran más». Para el letrado tarraconense, los efectos de las limitaciones todavía se notan. «La administración de justicia ha encontrado aquí una cierta patente de corso, con las restricciones o la cita previa, de forma que, como ha pasado con toda la administración pública general, la calidad ha bajado», indica Zapater.
Cuando el dinero no fluye
Después están los propios efectos de dos años de pandemia y todas las dificultades que se han generado. Zapater es ilustrativo al respecto: «Cuando fluye el dinero, es fácil llegar a acuerdos. Pero cuando yo no tengo dinero, procuro atrasar el pago lo máximo posible. Cuando entramos en los juzgados ya se pierde el control del tiempo. La crisis influye de dos maneras. Son muchos los que no pueden cumplir porque han entrado en una situación económica peor y otros dilatan todavía más el cumplimiento de su deuda».
«Las crisis económicas suelen crear una mayor litigiosidad», apunta Manuel Sosa, presidente de la sección de Derecho Civil del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
La conflictividad laboral, reflejada como muestra en los juzgados sociales, es un ejemplo, pero hay más. «Cuando hay bonanza económica, los juzgados se usan menos. Ahora hay un impacto también en la familia. En situaciones de crisis, hay parejas que aguantan, esperando a ver si amaina la tormenta. Ahora que ya ha pasado lo peor, es lógico tomar decisiones», indica Zapater.
Encarnación Orduna, decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus, recalca que «esta situación no es nueva, es histórica» y señala otro factor: «Normalmente los jueces en Catalunya vienen de fuera. Están un tiempo aquí y se van. Hay mucha movilidad y a veces cuesta cubrir las bajas. Eso también afecta». Orduna, desde la capital del Baix Camp, también detecta «un incremento de litigios por «problemas laborales a raíz de ERTE o despidos» y también en el ámbito de familias: «Hay muchas demandas de modificación de medidas, porque las circunstancias económicas pueden haber cambiado. Pero también hay más reclamación de impagos de diferente tipo, de cuotas comunitarias».
«Hay sobrecarga. Entre la demanda y el juicio pueden pasar año y medio o dos», indica Víctor Canalda, presidente de la sección de Derecho del Trabajo Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
Víctor Canalda, presidente de la sección de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, vive de cerca el colapso que padecen especialmente los tres juzgados sociales de Tarragona y uno de Reus. «Aquí tradicionalmente se viene arrastrando una sobrecarga que hace que las ratios de casos por juzgados sean muy altas», añade el letrado. «Ahora mismo entre que pones la demanda y se llega a celebrar un juicio pueden pasar un año y medio o dos, hablando de un proceso ordinario».
«La crisis afecta. Cuando hay bonanza económica los juzgados se utilizan menos», reconoce el abogado Francisco Zapater
Canalda ha detectado un incremento de los casos derivado de una situación económica que se complica por momentos y también a raíz de algunos cambios normativos. «Venimos de los ERTE, que eran mecanismos para no hacer despidos durante los parones. Pero una vez ha pasado esto, las empresas hacen su valoración. Las que tienen que cerrar, cierran, y eso implica despidos. Ha habido un incremento». Otro frente abierto se deriva de la aplicación de la reforma laboral durante este 2022. «Estamos viendo sanciones y propuestas de multas a compañías por el mal uso de figuras como los fijos-discontinuos, y algunas empresas recurren», indica Canalda.
Otra cuenta pendiente para el sistema judicial es la ejecución de sentencias, es decir, el paso posterior a la imposición de una pena, que se activa para reclamar el cumplimiento. También en este ámbito se resuelven más (5.640) de las que se registran (5.640) pero había 61.784 resoluciones pendientes en Tarragona a finales del segundo trimestre, un 8% más que el año pasado (57.051).
Carga excesiva y la petición de un segundo mercantil
En toda la provincia solo hay un único juzgado mercantil, insuficiente. Es el que asume todos los litigios que tienen que ver con la esfera empresarial. Es quizás el órgano tarraconense con una saturación más cronificada, según expone la última memoria de la Audiencia Provincial de Tarragona. Ciertamente, se constata una mejora por haber progresado en la resolución, pero incluso así el tribunal arrastra el bloqueo heredado de los años anteriores.
El tiempo de respuesta es de 20,4 meses, casi dos años, a todas luces «excesivo» según la Audiencia, lo que se traduce en una afectación directa sobre el ciudadano, víctima de demoras. Hay un 29% más de asuntos de los que legalmente podría asumir el tribunal, por lo que se urge a pedir la creación de un segundo mercantil en Tarragona.
