Tarragona tiene al menos 12 juzgados saturados y necesita la creación de otros cuatro para empezar a descongestionar el sistema. Esa es una de las deficiencias señaladas en la Memoria de la Audiencia Provincial de Tarragona de 2021, que radiografía las dificultades en el ejercicio que hubo durante un año pasado en el que la Covid «siguió limitando el funcionamiento normal de la actividad judicial en la provincia», en palabras de Joan Perarnau, presidente de la Audiencia.
La situación es comprometida, también en parte por una pandemia que ha agravado aún las situaciones de colapso, como reconoce el propio presidente pero también el Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. «La inmensa mayoría de órganos judiciales de la provincia están con sobrecarga de trabajo», sostiene el máximo responsable del ente judicial.
En 2021 hubo un «incremento en la entrada de asuntos en juzgados y tribunales», respondido con un «loable» aumento de la resolución, que «no siempre fue suficiente». La pandemia ha influido negativamente. «Las limitaciones de aforo, la necesidad de cumplir las estrictas medidas sanitarias, las numerosas bajas producidas o las suspensiones de juicios, en porcentajes del 30-40% en algunas fases, ha generado una ralentización generalizada de la actividad judicial», expone el informe. La llegada, en diciembre de 2021, de 15 nuevos jueces procedentes de la Escola Judicial ha paliado «la desertización endémica que sufre esta provincia y toda Catalunya».
Pero las carencias no son uniformes en la provincia. Más bien sucede al contrario: abundan los contrastes. La situación de los juzgados de las Terres de l’Ebre (Tortosa, Amposta y Gandesa) es «buena, mucho mejor que los del Camp de Tarragona (Tarragona, Reus, El Vendrell y Valls), al tener las primeras cargas de trabajo ajustadas o incluso inferiores a las legalmente previstas».
Tiempo de respuesta «excesivo»
En global, la situación más acuciante es la social, con una carga de trabajo que sigue superando, en mucho, la adecuada. Eso también es extensible a la jurisdicción civil y mercantil. En este último juzgado, que asume todos los litigios que tienen que ver con la esfera empresarial, está quizás la saturación más cronificada. Ciertamente, se constata una mejora por haber progresado en la resolución, pero incluso así el órgano arrastra el bloqueo heredado de los años anteriores.
El tiempo de respuesta es de 20,4 meses, casi dos años, a todas luces «excesivo» según la Audiencia, lo que se traduce en una afectación directa sobre el ciudadano, víctima de demoras. Hay un 29% más de asuntos de los que legalmente podría asumir el tribunal, por lo que se urge a pedir la creación de un segundo mercantil en Tarragona. Mientras, se mantienen las medidas de refuerzo.
La radiografía es de contrastes: buena situación en las Terres de l'Ebre y problemas en el Camp de TarragonaOtro frente claramente deficitario es el social, donde ha ido a parar buena parte de la conflictividad laboral (de despidos a ERTE) que ha generado la Covid-19. En esa parcela hay cuatro juzgados saturados (tres en Tarragona y uno en Reus, el de Tortosa funciona bien), por lo que se precisan dos más, uno de ellos en la capital provincial y el otro en la del Baix Camp. «Son juzgados sobresaturados, con una carga de trabajo que ha superado este año casi el 70%», detalla Perarnau.
El tiempo de espera oscila entre el año y año y medio y todos ellos tienen un nexo común: se destaca el esfuerzo en dar salida a los asuntos pero, a su vez, se constata que el ritmo de entrada es tan alto que la descongestión no llega. El segundo juzgado social de Reus es una reivindicación que viene de lejos, debido al colapso del único que hay hasta la fecha y que registra quizás la estadística más dramática: recibe un 85% más de asuntos de los que debería para funcionar correctamente, a pesar de que está reforzado.
Es el órgano con más entradas de la provincia: entraron en él 1.482 casos cuando deberían ser 800. El resultado es un tiempo de espera de 13 meses, aunque en 2020 era de 18.
Los abogados también alertan de la situación. «La actual saturación en los juzgados se explica por un doble efecto de la pandemia. Por un lado, porque las restricciones que hemos sufrido en los últimos dos años han ralentizado muchos procedimientos. Por el otro, porque la pandemia ha provocado un incremento de conflictos en algunos ámbitos», relata Estela Martín, decana del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.
Martín recalca que «los ámbitos judiciales más afectados son el social y el mercantil» y que «es muy importante seguir invirtiendo en recursos humanos y técnicos para combatir esta saturación, muy especialmente en esos dos ámbitos».
Cargas en primera instancia
Pero tampoco los penales se salvan. De los nueve que hay en la provincia, en cinco de ellos, todos los de Tarragona capital, se supera el límite de entrada, incluso en hasta un 44%. De media, el exceso es de un 33%, y aunque el presidente de la Audiencia no los cataloga como saturados, sí menciona el incremento de asuntos en el último año. Los problemas son graves también en la primera instancia: los seis de Tarragona están saturados, con cargas superiores al 70% (deben gestionar 1.200 asuntos al año y superan los 2.000). No lo está el número cinco, el de familia. En instrucción, por ejemplo, hay también sobrecarga de trabajo, pero sin llegar al nivel de saturación. En Reus, cinco de los seis de primera instancia también arrastran sobrecargas, de hasta el 54% en exceso de trabajo.
La congestión se extiende a otros puntos de la provincia. En El Vendrell, los juzgados civiles superan una sobrecarga del 60% de media, mientras que los penales gozan de un buen funcionamiento. Mucho más equilibrio existe en lugares como Valls o en el Ebre, donde la superación del umbral admitido es más puntual.
Los datos del Consejo General del Poder Judicial también muestran un empeoramiento en los años de Covid. 2021 acabó con 60.858 asuntos pendientes. Son 2.540 casos más de los que había a finales de 2020 y casi 20.000 más en relación a 2016, pero el análisis a lo largo de estos últimos años evidencia el impacto de la pandemia. En 2020 descendió notablemente el número de resoluciones, que se dispararon el año pasado, cuando se intentó recuperar terreno, aunque infructuosamente, porque también subieron mucho los casos ingresados, que alcanzaron registros de récord. Como uno de los aspectos esperanzadores, el presidente de la Audiencia destaca «la adaptación absoluta en la forma de trabajar de los jueces» en la pandemia, que «ha redundado en una productividad próxima a los años previos a la Covid-19».
Así, el escenario de la saturación incluye al mercantil, cuatro sociales, seis de primera instancia de Tarragona y al menos el de primera instancia de Reus, un órgano que precisa de refuerzo y que alcanza los 21 meses de espera. Son, en total, 12, según un cálculo conservador, si bien hay una gran cantidad de otros organismos que superan con creces sus límites. Por poner algunos ejemplos: el penal número 1 de Tarragona –un 26% por encima de lo que debería– y el número 4 –un 44%– han recibido refuerzos durante el año pasado.
Una situación «deficiente»
No todo es negativo en esta radiografía. Perarnau, como principal nota positiva, destaca «el compromiso de la Generalitat para construir un nuevo y único edificio judicial para la ciudad de Tarragona, reto en el que he trabajado intensamente desde mi toma de posesión».
El presidente de la Audiencia es directo y celebra «la mayor sensibilidad» de las «administraciones implicadas», lo que «debe permitir mejorar la deficiente, en general, situación en la que se encuentra la administración de justicia en esta provincia», sobre todo después de «dos años sin crearse un solo juzgados en la provincia y en toda Catalunya».
Desde el Col·legi de l’Advocacia se opina en una línea similar. «El esperado Fòrum Judicial de Tarragona, el proyecto que hace tantos años que esperamos, también contribuiría a que la justicia fuera más eficiente», reconoce la decana, Estela Martín, que resalta la conveniencia de la unificación: «Con las dependencias judiciales concentradas en un único equipamiento, muchos procedimientos se simplificarían y eso nos permitiría avanzar hacia una justicia más ágil».
