Los sindicatos de Renfe y Adif han convocado una huelga de cinco días para protestar contra la «incertidumbre» que genera entre los empleados el acuerdo por el traspaso de Cercanías pactado entre ERC y el PSOE para negociar la investidura de Pedro Sánchez.
En un comunicado, los comités generales de ambas empresas públicas detallan que los paros contra la «segregación» de plantilla se celebrarán el 24 y 30 noviembre y el 1, el 4 y el 5 de diciembre, coincidiendo con el inicio del puente de la Purísima.
La movilización será de 24 horas y está convocada por el conjunto de la red, incluida alta velocidad. Aparte de protestar contra el acuerdo entre ERC y PSOE anunciado el pasado jueves, la huelga también rechaza la privatización «encubierta» de Renfe Mercaderies.
Por unanimidad
El comunicado emitido por los comités generales del Grupo Renfe, formado por Semaf, UGT, CCOO y CGT, y Adif, con representación de CCOO, UGT, CGT, SCF y SF, detalla que el acuerdo ha sido por unanimidad. Además, señala que hay dos motivos para ir a la huelga: «la próxima segregación derivada del acuerdo entre PSOE y ERC y la privatización encubierta de la sociedad Renfe Mercaderies».
Ambos comités «se oponen firmemente a cualquier decisión que suponga la segregación de los servicios que prestan las empresas públicas estatales» y por eso optan por «paralizar el ferrocarril en todo el Estado».
El acuerdo entre ambas formaciones políticas crea una nueva empresa pública Rodalies Catalunya con un consejo de administración con participación paritaria de la Generalitat y la administración estatal, pero con un presidente con voto de calidad, propuesto por el ejecutivo catalán.
Además, los representantes sindicales añaden que la privatización de Renfe Mercancías y la transferencia de competencias y traspaso de infraestructuras a Catalunya, «sacando buena parte de las líneas de la RFIG, cediendo personal y generando duplicidades de gasto, suponen decisiones equivocadas y deficientes por el erario público, el derecho de las personas trabajadoras y el funcionamiento del sistema ferroviario».
Comisión de conflictos
Al tratarse de empresas públicas, el acuerdo deberá pasar ahora por la comisión de conflictos con el gobierno español antes de registrarse oficialmente. El preaviso mínimo por una huelga de una compañía estatal es de 10 días así que debería registrarse a más tardar el 14 de noviembre.
Aunque el acuerdo es unánime, en el seno del comité de empresa el traspaso no se valora igual entre todos los sindicatos. Semaf, que tiene mayoría en la representación de los maquinistas, expresó su rechazo al traspaso pactado horas después de anunciar el acuerdo que, por ahora, sólo prevé que la Generalitat asuma la infraestructura ferroviaria de las líneas de la línea del Maresme del ‘R1, la línea Sant Vicenç de Calders-Barcelona del R2sud y la línea Papiol-Hospitalet-Vic-Puigcerdà del R3.
En cambio, sindicatos como CCOO y UGT no se mostraron contrarios a los cambios de competencias pero advirtieron de que se trata de un proceso «muy complejo» y reclaman que se mantenga la unidad de plantilla, las condiciones laborales y los derechos adquiridos de los trabajadores.
Cristina Torre, secretaría de Acción Sindical de CCOO de Catalunya, ha puntualizado que el sindicato no está en contra de la transferencia de competencias al Govern y defiende que la creación de la nueva empresa «es compatible con mantener las relaciones laborales como están ahora mismo estructuradas en Renfe y Adif».
