El Ayuntamiento de Tarragona pagará este año un total de 13,8 millones de euros a las entidades financieras: 12,4 por la amortización de 16 créditos que tiene concertados y otros 1,4 en intereses bancarios. Así se estipula en el informe técnico elaborado el pasado mes de diciembre por el viceinterventor general del Consistorio para avalar las cuentas municipales de 2021, y del que se desprende que la corporación local abonará diariamente un montante global de 37.808 euros por el retorno de préstamos que solicitó hace años.
En total, las previsiones económicas del gobierno municipal (ERC-Comuns) para este año son las de disminuir en unos 700.000 euros la deuda global que arrastra la administración con sede en la Plaça de la Font, que el próximo 31 de diciembre ascenderá a 166,8 millones de euros, una cifra que corresponde a un índice del 96% respecto a unos ingresos corrientes de casi 174 millones. Esto permitirá que las cuentas municipales «se encuentren dentro del límite del 110%», según resalta el alto funcionario en su análisis.
Cabe señalar que si se supera este porcentaje el Ayuntamiento no podría acudir en 2022 al préstamo bancario para financiar inversiones, lo que podría suponer una paralización de la actividad económica de la ciudad. Ahora, en cambio, está en el baremo que va del 75% al 110%, lo que permite pedir crédito, esto sí, bajo la tutela de la Generalitat de Catalunya. Hace un año, por ejemplo, esta cifra era del 103%. «El buen trabajo nos está permitiendo bajar la deuda y mantenernos dentro del límite legal», destaca el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC).
Avales por el Mercat y el Jaume I
Pese a que el pasivo municipal se encuentra en la franja alta, la previsión para este año es que la deuda se reduzca, ya que se amortizarán 12,4 millones y se solicitarán 11,7 a crédito para afrontar los 16 millones previstos en inversiones. «La cifra que se prevé amortizar es superior a la del ejercicio 2020 por la finalización de la carencia de los préstamos de dos millones y de cinco firmados en 2018», resalta el viceinterventor, quien asimismo destaca la «disminución de la deuda».
Según los presupuestos de 2021, el pago de estas amortizaciones bancarias por los 16 créditos oscila entre los 154.666 euros por un préstamo de 2,3 millones y los casi 2,4 millones que se pagarán este 2021 por la refinanciación de unas operaciones bancarias que se firmaron por valor de 55,8 millones de euros. Asimismo, durante 2021 el Consistorio también afrontará el pago de 1,3 millones de euros en intereses bancarios, una cantidad a la que deben sumarse otros 100.000 correspondientes a intereses de demora. En el informe, el viceinterventor especifica que estos gastos bajan un 14% respecto a 2020 «debido a las nuevas condiciones de los créditos y al mantenimiento de los tipos de interés a un nivel bajo».
También computan como deuda los avales que el Consistorio ha otorgado a sus empresas municipales, y que suponen una deuda a largo plazo aún de 34,5 millones de euros, de la que en 2021 se espera recortar en 1,4, dejándola en 33,1. Entre estos avales se encuentran el préstamo que en 2008 solicitó Aparcaments Municipals para las obras del parking Jaume I –que se pagará hasta el año 2043–, así como las tres operaciones que concertó Espimsa en 2010 –y que se abonarán hasta 2040– para afrontar la remodelación del Mercat Central, que se inauguró en 2017.
17 millones en inversiones
En los presupuestos municipales de este año el Ayuntamiento ha previsto llevar a cabo un paquete inversor por valor de 17 millones de euros, que se financiarán –en parte– con la concertación de un nuevo préstamo que subirá a 11,7 millones de euros y que está previsto firmar «en breve», según anuncia Jordi Fortuny.
Entre las principales inversiones que se llevarán a cabo destacan los 3,7 millones para el proyecto de urbanización de las parcelas Iborra, así como los casi 1,2 para las cargas urbanísticas del nuevo barrio de Ponent PP10. Asimismo, entre las actuaciones que ejecutará el Ayuntamiento el próximo año destacan los 200.000 euros para la instalación de las cámaras de seguridad en las urbanizaciones de Llevant.
Paralelamente, el ejecutivo de la Plaça de la Font está valorando avanzar el pago del crédito de 12,8 millones de euros que debe empezarse a pagar en 2022 al ICO por un préstamo concertado en 2012, y que tenía una carencia de diez años. Este préstamo fue ofrecido hace una década por parte del Gobierno Central para pagar a proveedores, y desde 2022 deberá liquidarse en cinco años, a raíz de 2,8 millones anuales. Por ello, Fortuny quiere usar parte del superávit de 2020 para iniciar su pago de forma paralela a saldar deuda y solicitar nuevos préstamos a un interés inferior para rebajar la cuota de amortización a los bancos.
