El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona propone la «suspensión potestativa» de licencias para viviendas de uso turístico en el conjunto de la ciudad de Tarragona por el periodo de un año. La decisión se ha adoptado teniendo en cuenta el «notable incremento» que ha experimentado esta actividad en la ciudad, que en enero de este año alcanzó la cifra de 1.973 viviendas destinadas a dicho fin.
«El crecimiento ha sido notable y en el último año más significativo de lo que esperábamos. Tarragona se ha puesto de moda, por lo debemos estar atentos para que no se nos vaya de las manos», afirma el concejal de Turisme y presidente del patronato en funciones, Pau Ricomà. El actual alcalde dará cuenta de esta propuesta en la reunión del Consell Rector prevista para el día de hoy y, aunque los primeros pasos ya están encarrilados, deberá ser el futuro Gobierno de Rubén Viñuales el que decida seguir adelante o no.
La propuesta del Patronat de Turisme tiene en consideración los estudios realizados en 2018 y que se actualizaron dos años más tarde, en los que ya mostraban esta tendencia al alza que ha supuesto un incremento del 76% en el número de licencias en los últimos cinco años. La situación es especialmente delicada en tres partes concretas de la ciudad, como son la Part Alta, la Móra-Tamarit y los Barris Marítims. En los dos primeros casos el número de viviendas turísticas en el barrio representa más del 12% del censo de viviendas inscritas en el catastro. En cuanto a la Part Baixa y Serrallo, esta proporción prácticamente alcanza el 9%. Estos niveles son muy superiores al promedio del conjunto de la ciudad, que se sitúa en el 2,79% teniendo en cuenta que en algunas partes de Tarragona como los barrios su presencia prácticamente no llega a ser testimonial. «Cada ciudad es diferente pero hay ayuntamientos como el de Barcelona que hicieron una regulación especial para toda la ciudad, con un 2% como límite», indica Ricomà.
El conjunto de estos elementos fueron estudiados en la mesa de trabajo que se constituyó, en la que además de Turisme también estaba Habitatge, Llicències, Urbanisme y secretaría del Ayuntamiento de Tarragona. En esta se han tenido en consideración las diferentes alternativas planteadas en otras ciudades y lo que ha comportado. «Lo que pasa es que hay muchas sentencias en contra de las ordenanzas porque hay una directriz europea que establece que esto es una actividad económica a proteger, por lo que no pueden ponerse palos en las ruedas. Y un ejemplo es que si las limitaciones se centran en aspectos como las molestias que pueden generar a los vecinos por el ruido, pueden decirte que no puede preverse la situación antes de que se produzca», argumenta el alcalde.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, desde el Consistorio ha decidido abordarse la problemática desde la planificación urbanística, de forma que Turisme encargó a Territori la redacción de un plan especial que permita regular esta actividad. Mientras tanto, se prevé una moratoria de un año a la espera de que se definan estas reglas del juego y que pueda llevarse a cabo su aprobación inicial. Esta afectaría a toda la ciudad y busca tener en consideración las casuísticas concretas de cada zona, teniendo en cuenta la «masa crítica» que puede permitirse. Y aquí, según apunta Ricomà, «el gran argumento de fuerza es que la problemática social que generan es superior al derecho individual». Para ello, los dos elementos de peso que quieren situarse en el centro del debate son si en estas zonas hay una gentrificación que desplace a la población del barrio y si su presencia ha comportado un encarecimiento de los precios de los alquileres en el barrio.
Al respecto, Territori solicitó un informe al Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (Smhausa) sobre la situación actual de la vivienda en Tarragona. En este se pone el énfasis en que la ciudad es una «área de demanda residencial fuerte y acreditada», con un mercado de la vivienda «tenso», de acuerdo con la Llei 11/2020 del 18 de septiembre. El documento incluye que en 2022 los Equips Bàsics d’Atenció Social atendieron a 12.991 familias que «principalmente acudían en relación a problemáticas con la vivienda». La evolución sobre la tramitación de ayudas del alquiler y los compromisos en materia de vivienda de acuerdo con el Pla Local de l’Habitatge y el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya son otros de los elementos que se tienen en consideración.
A partir de todos estos aspectos el informe de Smhausa subraya la necesidad de una «monotorización periódica» de la evolución del sector, además de establecer una regulación «que permita garantizar y proteger los derechos de toda la ciudadanía en materia de acceso a la vivienda».
Turisme incluso va más allá y apunta que «hay que anticiparse a posibles problemas», teniendo en cuenta que «si continúa esta progresión en el futuro pueden producirse situaciones conflictivas y problemas de convivencia». Para ello, defiende la necesidad de establecer un marco normativo que se ajuste con los objetivos del Pla Estratègic 2022-2024 del Patronat Municipal de Turisme, que fija el objetivo específico de la sostenibilidad como una de sus líneas.
Finalmente, Ricomà defiende que podrían establecerse algunas «excepciones». «Cuando estamos hablando de edificios que llevan diez o quince años desocupados, con problemas estructurales y que podrían rehabilitarse deberíamos ser un poco prácticos, porque si se rehabilitan no generan ningún desplazamiento de vecinos y seguramente el propietario necesita algún incentivo para rehabilitarlo, porque sino no lo hará», concluye.
