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Alcaldes y cargos públicos, en el ojo de mira de la Fiscalía por permitir construcciones ilegales

El de Els Garidells está a la espera de juicio en la Audiencia, mientras que el ex de Amposta está todavía bajo investigación

Àngel Juanpere

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La finca de Manel Ferré en el Delta de l´Ebre está bajo sospecha judicial. FOTO: DT

La finca de Manel Ferré en el Delta de l´Ebre está bajo sospecha judicial. FOTO: DT

La Fiscalía de Tarragona ha investigado en los últimos años a varios cargos públicos –entre ellos alcaldes y concejales, además de arquitectos municipales– por haber construido en zonas no autorizadas o por haberlo permitido. Uno de los últimos casos es el del exalcalde convergente de Amposta Manel Ferré por tener una casa en el Espai d’Interès Natural dels Ullals de Baltasar. Habría pedido permiso para un almacén agrícola cuando en realidad se habría construido una segunda residencia.

Un caso ya juzgado es el del exalcalde de Creixell, José Conesa (PP). A finales de 2013 fue condenado a un año y medio de inhabilitación y a pagar una multa de 900 euros por un delito contra la ordenación del territorio. Conesa fue alcalde de Creixell de 2001 a 2003 y antes de su cargo público compró como administrador de la empresa Conesa Estabilizaciones y Jardinería unos terrenos por 25.500 euros. Siendo ya alcalde, los vendió el 7 de diciembre del 2001 por 90.100. Pero el comprador no formalizó la escritura de compraventa hasta mayo de 2003. Ese mismo mes, los días 5 y 16, el alcalde firmó dos decretos en los que concedía a la empresa compradora una licencia de obras para edificar tres viviendas unifamiliares, pese a dos informes del arquitecto y del secretario municipal en contra.


Pendiente de ser juzgado
Quien sí está pendiente de juicio en la Audiencia Provincial de Tarragona es el exalcalde de Els Garidells, Amadeu Duch (CiU), quien estuvo al frente del municipio durante más de 40 años. El fiscal pide para él tres años de prisión y 24 de inhabilitación para cargo público por un delito de soborno y dos más de prevaricación. Sin embargo, la acusación particular lo considera autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio y pide cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación y multa de 24 años. Además, le acusa de otro delito de soborno, por el que solicita dos años de prisión, multa de 12 meses y tres de inhabilitación.

Duch, supuestamente, habría tenido un trato de favor hacia las personas que no eran miembros de la Associació de Propietaris Malacuca –cuya presidenta fue su rival político en unas elecciones–, a las que se abstenía de iniciar acciones obligatorias de disciplina urbanística y restauración de la legalidad urbanísticas. A las que lo eran, habría hecho la vista gorda.

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