Ayuntamientos y Govern se unen para llevar a Adif a los tribunales

Unos 300 representantes del mundo institucional, empresarial y sindical participaron en el primer acto de estas características en el Palau de la Generalitat

19 mayo 2017 17:37 | Actualizado a 21 mayo 2017 15:35
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El Govern y las administraciones locales escenificaron un frente común en el Palau de la Generalitat para denunciar la actual situación de Cercanías y Regionales y reclamar al Estado el traspaso completo sobre este servicio ferroviario a la Generalitat. Un acto con más de 300 representantes del mundo institucional, empresarial y sindical en el que el president, Carles Puigdemont, lamentó que el servicio ferroviario afecta negativamente a la competitividad de la economía catalana, la calidad de vida de los ciudadanos y el medio ambiente.

El presidente Puigdemont cuestionó por qué Catalunya no puede gestionar sus infraestructuras y lamentó que la negativa de España no se basa en una cuestión económica ni tecnológica, sino que se trata de un «problema político e institucional». El jefe del Govern hizo un paralelismo con el acto del IESE para reclamar una mejora de la gestión del aeropuerto de Barcelona-El Prat que tuvo lugar una década atrás y reunió un gran parte de la sociedad civil catalana. El president señaló también que «hay que explicar a los ciudadanos que no seremos pasivos con los incumplimientos. Daremos respuestas judiciales, políticas y sociales. Hay que prepararnos para controlar los servicios básicos ferroviarios, porque estamos capacitados para hacerlo y es de justicia».

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordó que el acto representa a «millones de catalanes» y que la sociedad y la política del país llevan años reclamando este traspaso completo de Cercanías. «Sin fisuras y sin partidismos, estamos más unidos que nunca, porque la situación es más insostenible que nunca. Hablamos de un agravio humano: la falta de inversiones ha dejado un territorio trinchado y fracturado. Pero hay algo aún más importante: la falta de inversiones sigue costando vidas humanas», sentenció.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, afirmó que «este país dice basta, porque tiene derecho a unos servicios ferroviarios dignos. Pero no nos quedaremos con la denuncia, sino que abrimos un horizonte constructivo. Queremos gestionar nosotros el servicio. Recordó que en cuatro años se han producido más de 1.500 incidencias en 45.000 trenes y que todo esto ha afectado a 5,6 millones de personas.

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