El Gobierno se abre a modular el pacto con Podemos

A punto de que el estado de alarma llegue a su fin y de que España se adentre en la llamada ‘nueva de normalidad’, el Ejecutivo trata ahora de forjar una mayoría que le permita sacar adelante los Presupuestos para 2021. Con la aritmética parlamentaria en contra, la apuesta de Pedro Sánchez es contar con el apoyo de los partidos que en enero votaron a favor de su investidura con el añadido de Ciudadanos. Ni Esquerra ni Ciudadanos se ven juntos en el mismo proyecto e instan al presidente a elegir un camino u otro. «No es el momento de matices ni de vetos cruzados», advirtió ayer la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. En Moncloa entienden que las «diferencias ideológicas» no pueden anteponerse al «interés general» y asumen ya que tendrán que hacer concesiones para lograr el mayor respaldo parlamentario a las cuentas públicas del año que viene. La primera cesión pasa por «adaptar» su acuerdo con Unidas Podemos. No se trata de modificarlo, puntualizó Montero, sino de reorientarlo, de «priorizar y, por tanto, de adaptarlo a las exigencias y las circunstancias del momento».

El Ejecutivo considera que las consecuencias económicas y sociales que deja el coronavirus les obliga a «tener los pies en el suelo» y a reorientar la «hoja de ruta» del pacto de coalición que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en diciembre de 2019 y que impregna la «totalidad» de sus acciones.

Por otra parte, pese a las críticas que manifestaron algunas comunidades cuando en la conferencia de presidentes del 7 de junio el presidente Pedro Sánchez les comunicó la nueva fórmula de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones, ayer llegó tal cual al Consejo de Ministros. Si bien para el reparto de los 9.000 millones de euros que irán a reforzar la sanidad siguen ponderando más las variables ligadas al impacto de la pandemia, como los ingresos en las unidades de cuidados intensivos, las hospitalizaciones y las pruebas PCR realizadas, la población gana peso respecto a la primera propuesta de Hacienda (hasta ponderar un 35% en la primera transferencia de los 6.000 millones en julio y hasta el 45% en los 3.000 millones que se distribuirán en noviembre).

Asimismo, para el reparto en septiembre de los 2.000 millones destinados a la educación, también se tendrá más en cuenta la población empadronada de entre 0 y 16 años (en un 80%) y los habitantes de entre 17 y 24 años para el 20% restante. Que los criterios poblacionales tengan una más relevante ponderación de la planeada al principio provocó el resquemor entre las autonomías menos pobladas pero más castigadas por la pandemia, como Castilla y León o Castilla-La Mancha. Pero la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendió que las comunidades más afectadas por la Covid-19 recibirán más recursos, al tiempo que insistió en que si ningún territorio se identifica al 100% con el reparto, eso «significa que es lo más justo». Andalucía manifestó su disconformidad porque los criterios poblacionales aún no pesan lo suficiente: según sus cálculos, recibirá un 13% del total del fondo, cuando representa el 18% del total de la población de España. Y se quejó de la prima que reciben Cataluña o Madrid.

Las cifras que irán a cada autonomía no han trascendido porque aún no están cerradas: así, el segundo tramo de 3.000 millones se calculará con las variables sanitarias a 31 de octubre.