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El PSOE quiere sancionar a los clientes de la prostitución y erradicarla

Los socialistas proponen que el pacto contra la violencia machista incluya la reforma de la ley del aborto

AGENCIAS

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La prostitución en la carretera de Salou tiene en alerta a los vecinos de la zona. FOTO: PERE FERRÉ

La prostitución en la carretera de Salou tiene en alerta a los vecinos de la zona. FOTO: PERE FERRÉ

El PSOE tratará hoy de convencer al resto de partidos de que el pacto de Estado contra la violencia de género incluya medidas muy concretas, a través del Código Penal, para intentar erradicar la prostitución en España.

La Comisión de Igualdad del Congreso aprobará hoy el documento de 212 medidas y compromisos consensuado por todos los partidos, que deberá constituir el núcleo del futuro pacto de Estado. Pero también decidirá si incluye o no  alguno de los 56 votos particulares –nuevas propuestas complementarias– que han presentado el PSOE (20), Unidos Podemos (34), y Ciudadanos (1) y Compromís (1).

Los socialistas piden que el Código Penal vuelva a castigar a los dueños de los prostíbulos, a los proxenetas que se lucran con ellas  (aunque lo hagan con su consentimiento), y que sancione a los clientes. Ahora, salvo en el caso de menores, solo delinquen los proxenetas que actúan mediante la coacción. Compromís también pide la prohibición de los anuncios de prostitución.

Podemos critica que las medidas del pacto no tienen calendario ni asignaciones concretas

El PSOE hará un especial hincapié en lograr un apoyo mayoritario para incluir en el pacto otra medida respaldada por buena parte de los expertos. Pedirá que se suprima de la ley de Enjuiciamiento Criminal la dispensa que permite a la víctima de violencia de género no declarar si no quiere contra su maltratador. Se trata de una disposición que cada año provoca la absolución de muchos agresores.

Hay otro punto en el que se acercan PSOE y Podemos. Los primeros piden que el pacto incluya que las jóvenes de 16 y 17 años no tengan que contar con el permiso de sus padres para abortar si son víctimas de violencia de género o intrafamiliar. Los segundos, directamente reclaman que se suprima esa limitación aprobada en 2015 por el PP.

Inversión garantizada
Casi todos los partidos quieren incluir enmiendas para garantizar que los 1.000 millones de inversión en el pacto en cinco años se gastan de verdad. El PSOE pide que los presupuestos identifiquen cada partida concreta destinada a cada medida para poder controlarlas. Ciudadanos reclama que cada subvención a las administraciones o asociaciones se conceda solo tras un proyecto detallado de su fin y que incluya una evalución para saber si conviene renovar o no la financiación.

Podemos dice que el compromiso es «un brindis al sol», imposible de controlar, por la falta de un calendario y la ausencia de asignaciones específicas. Propone que todo su contenido debe de estar en marcha en 12 meses desde la aprobación por el pleno del Congreso, en septiembre. Da a entenderque el acuerdo final es tan de mínimos que no le ilusiona y que no lo considerará un pacto de Estado salvo que se acepte el voto particular en el que reclama que exista una ley integral contra todas las violencias machistas, que incluya también la económica, los ataques sexuales, el matrimonio forzado, la ablación, o el acoso, y que no se centre, como ahora, en la violencia contra la pareja.

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