La hora de la verdad para Cristina y Urdangarin once años después

Melchor Sáiz-pardo

Llegó la hora de la verdad. Once años y un día después de aquel lejano 16 de febrero de 2006, cuando el diputado socialista Antoni Diéguez denunciara en el Parlamento balear el elevado coste de las adjudicaciones a dedo al Instituto Nóos por parte del Gobierno de Jaume Matas, la Audiencia Provincial de Palma hará pública la sentencia del juicio que llevó al banquillo a la hermana del Rey y a su marido, Iñaki Urdangarin, además de a otras quince personas. Todas ellas acusadas de haber integrado o cooperado con una trama corrupta dedicada a desviar a bolsillos privados cerca de seis millones de euros de las administraciones balear y valenciana a través de eventos deportivo-empresariales muy inflados de presupuesto.

En medios judiciales se da por sentado que Urdangarin y Diego Torres recibirán importantes penas de cárcel al ser considerados los actores centrales de la red corrupta.


Sin arrepentimiento
Urdangarin, que se negó a reconocer ni una sola irregularidad ni a avenirse a un pacto con la Fiscalía, acabó la vista oral con la misma petición con la que inició el proceso, 19 años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil (seis años); estafa (tres años y medio); fraude a la administración (dos); dos delitos fiscales (seis), y un último de blanqueo (dos). Un abanico amplísimo de delitos que, a priori, le aseguraría una condena abultada, aunque la sala no haga suyos todos los argumentos del fiscal Pedro Horrach o reduzca la pena por malversación, el más grave de los ilícitos a los que se enfrenta.

Diego Torres se enfrenta a una petición fiscal de 16 años y medio por los mismos delitos que Urdangarin, excepto uno de los fraudes fiscales.

En cuanto a Cristina de Borbón, todos en los tribunales de Palma apuestan a que no pisará la cárcel. Es más, que podría ser absuelta. Una condena, aunque solo fuera de meses, sería una «enorme sorpresa». La Fiscalía no la acusa de delito alguno. Solo el pseudosindicato Manos Limpias la mantuvo en el banquillo por penas que suman ocho años de prisión, imputándole como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por su marido en su declaración de IRPF (174.575,07 euros en el ejercicio 2007 y 152.350,69 euros en el ejercicio 2008, según el último cálculo de Hacienda).

La infanta tiene a su favor que abonó en un primer momento los 587.000 euros que le reclamó el fiscal Horrach como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por su marido. Posteriormente consignó en el juzgado los 449.000 euros en los que se cifró su responsabilidad civil. Al tribunal no le costaría demasiado argumentar que con ese millón de euros, la hermana del Rey habría pagado sobradamente su responsabilidad.

El único punto en su contra es que la infanta en su declaración en el juicio, el 3 de marzo del año pasado, se negó a contestar a todas las partes, excepto a su abogado, una estrategia que no suele gustar a los jueces, pero que podría no tener efecto en la sentencia.

Una de las grandes incógnitas de la sentencia es si la sala entrará en su fallo a valorar la actuación de la Casa Real en este asunto y, en particular, si llegó a conocer los desmanes de Urdangarin y su socio invocando el nombre de la Corona.