«Llevamos más de un mes sin luz, no nos quedan fuerzas para luchar»

«Llevamos más de un mes sin luz, no nos quedan fuerzas ni para luchar... Estoy agotada, no me salen las palabras», explica la vecina que ha abierto la puerta. Es madre de dos niños de dos y cuatro años y no le alcanzan los días para lavar a mano, comprar la comida cada día porque no puede usar la nevera, poner agua a calentar para bañar a los niños, ir al bar a pedir que le carguen un rato el móvil... Si por ella fuera se mudaría ahora mismo a otro sitio, pero paga un alquiler de menos de 300 euros que no le han subido en nueve años. «No podríamos pagar más y en todas partes te piden 700 o más», se lamenta.

La suya es una de la veintena de familias del edificio de la calle Riu Llobregat de Campclar que se quedó sin luz la madrugada del 23 al 24 de marzo debido a un incendio que calcinó por completo el cuadro eléctrico y que, presumiblemente, se debió a unos empalmes ilegales. Ahora, más de un mes después (hoy se cumplen 38 días) un intenso olor a quemado todavía es lo primero que se percibe cuando se entra al portal.

Noches muy largas

Noemí Salcedo, otra vecina que acaba de salir del portal, explica que desde el día del incendio las noches se hacen muy largas. En su casa viven ella, su marido y su hija que tiene una discapacidad del 89%. «Cenamos a las ocho y media y nos vamos a la cama porque no hay nada que hacer; ni televisión ni internet ni nada», dice.

Y es que, efectivamente, el incendio no solo quemó el cuadro eléctrico, sino la instalación de internet y hasta las tuberías; aunque estas últimas las repararon los propios vecinos después de comprar el material. Tampoco tienen gas ciudad por otra avería y el ascensor no funciona desde hace cuatro años por culpa de otro incendio.

La logística familiar se ha complicado enormemente. Como no hay nevera tiene que comprar lo que van a comer en el día o guardar lo congelado en casa de un familiar que vive en Torreforta. Su marido se lleva los móviles al trabajo para cargarlos y han tenido que comprar una bombona de gas y un hornillo para cocinar porque la cocina y el horno eran eléctricos. A su hija ya se le hacía cuesta arriba moverse sin ascensor y ahora sin luz todo ha empeorado.

En medio de la situación le ha sentado fatal que le llegara el recibo de la luz. No le cobran el consumo pero sí el servicio «es como si tuviera la luz y no la encendiera porque no quiero y no porque no hay», se queja.

Ella también ha pensado en marcharse, pero compró el piso hace 22 años, en plena burbuja inmobiliaria y ahora no le dan ni la mitad. «Lo he mirado y todavía quedaría debiendo», cuenta.

Y es que la casuística de los habitantes del edificio es compleja. En el mismo conviven propietarios, inquilinos, inquilinos de alquiler social y ocupas.

En este último grupo se encuentra otra vecina que vive sola con dos hijos; uno de ellos menor. Al pequeño tienen que operarlo próximamente y desde ahora está sufriendo por cómo va a ser la recuperación del niño en aquel edificio.

En su caso no se enteró de que estaba en una situación irregular hasta pasado un tiempo. Llegó allí a vivir con un familiar y no se enteró hasta después de que esta persona se fue. Está pendiente de un desahucio. «Yo solo pido un alquiler social que pueda pagar con mi trabajo, nadie quiere verse en una situación así», señala.

Y es que, en muchas de las casas hay niños que están teniendo problemas para hacer los deberes, especialmente en estos días nublados. Hay también personas mayores y personas con discapacidad.

Mientras, la solidaridad de vecinos y familiares es la única que está consiguiendo que la situación sea más llevadera. Una vecina del bloque de al lado, que en ese momento le ha prestado la lavadora dice que «mi casa está abierta para lo que haga falta, pero no entiendo que nadie haga nada. Siento Mucha impotencia».

Tres noches de alojamiento

Una de las quejas de los vecinos es que consideran que las administraciones no les han hecho caso. La vecina que abría la puerta al principio dice que en su caso le ofrecieron tres noches de alojamiento algo que, asegura, no resuelve sus problemas porque en realidad no se trata solo de dormir sino de tener electricidad para cocinar y hacer las actividades del día a día. La mujer que reconoce está ocupando ilegalmente explica que a ella le ofrecieron lo mismo, pero no lo aceptó por miedo a que le ocuparan la vivienda.

En el edificio, de hecho, hay varios pisos con puertas blindadas y pegatinas de servicios de vigilancia. El lunes intentaron entrar en uno de ellos.

En su momento fuentes de Serveis Socials precisaron que a las familias se les ofreció lo que se ofrece en casos de emergencia: tres días de alojamiento, aunque aseguran que el plazo podría ampliarse y todas lo rechazaron.

Consultados respecto a si tenían conocimiento de la situación, desde la Agència de l’Habitatge de Catalunya señalan que ningún piso es de su propiedad. Apuntan que «en estos casos la administración facultada para actuar es el ayuntamiento de turno, a través de sus servicios sociales. Si nos piden ayuda y nos dicen cuáles son las familias vulnerables, podemos intervenir, por ejemplo con realojamientos. En este caso, no hemos recibido solicitud de ayuda».

Los fondos, desparecidos

La administradora de la finca reconoce que conseguir gestionar el problema está resultando complicadísimo porque 12 de los 24 pisos, la mitad, son propiedad de fondos de inversión con los cuales es muy difícil comunicarse y que no son precisamente ágiles a la hora de pagar. En algunos casos, además, se ha encontrado que cuando conseguía contactar con el fondo correspondiente, había traspasado la propiedad a otro distinto. De hecho los 12 pisos corresponden a 11 fondos distintos.

Confía en que, llegado el momento, pagarán, pero no con la inmediatez que la situación requiere. Ya en el pasado se consiguió que se pusieran al día con sus deudas con lo que la comunidad contó con algo de dinero para hacer algunas reparaciones y reformar la entrada.

Mañana jueves está prevista una reunión de la comunidad de propietarios en la que deberán decidir qué hacer. Calculan que la derrama será de 1.700 a 1.800 euros por piso. El problema, no obstante, es que solo con lo que puedan aportar los propietarios particulares no habrá dinero suficiente para comenzar las obras.

La preocupación, además, es que una vez reparada la avería se produzca un nuevo incendio debido a los empalmes ilegales, señala.

Mientras se solucionaba el problema también estuvieron averiguando cómo alquilar un generador eléctrico y el coste sería de entre 600 y 700 euros al día; un importe también inasumible para la comunidad.

Otra propietaria, que nos contacta por Whastapp se lamenta: «Complicado es ver como brilla la Feria de abril con sus luces a pocos metros de casa y que tu no puedas ni duchar a tus hijos».

Tratan de conectarse de nuevo a la electricidad

Consultados sobre la situación del edificio desde Endesa señalan que, como el incendio se produjo dentro de la finca, corresponde a los propietarios hacer la reparación. Aseguran, además, que el pasado 25 de abril hubo un nuevo intento de conectarse de manera fraudulenta a la red eléctrica, por lo que tuvieron que acudir a cortar el suministro debido al riesgo que se produjera un nuevo incendio.

Si se revisa la hemeroteca se puede constatar que se trata de una historia repetida en el barrio. En enero de 2019 hubo un incendio de cuadro eléctrico en la calle Riu Llobregat que dejó a los vecinos más de 20 días sin luz y en enero de 2020 se registraba uno en otro edificio de la misma calle. El más recordado, no obstante, fue uno de abril del 2020, en pleno confinamiento, que afectó a vecinos de la calle Riu Brugent. En ese caso las familias que vivían en pisos de protección oficial fueron realojadas en un camping porque otra avería ya les había dejado sin gas. Ese mismo año otro fuego en la calle Riu Algar dejó más de dos semanas a los residentes sin luz. En los cuatro casos se sospecha de los empalmes ilegales como origen de los siniestros.