El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
Pedro Sánchez aprieta el acelerador. Un día después de que ERC volviera a desdeñar las prisas del PSOE para comprometer su abstención y echara prácticamente por tierra la posibilidad de una investidura el 5 de enero, el líder de los socialistas se afanó en lanzar ayer el mensaje de que ya tiene todo prácticamente encarrilado. En la misma jornada, la Abogacía del Estado hizo público el informe sobre la inmunidad de Oriol Junqueras (ver página 26) que los republicanos consideraban imprescindible para ofrecer su respuesta, el propio Pedro Sánchez se reunió en el Congreso de los Diputados con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para firmar el acuerdo que garantiza el ‘sí’ de los nacionalistas vascos a su designación como presidente del Gobierno, y a las cinco de la tarde selló con Pablo Iglesias el programa del que podría ser el primer Ejecutivo de coalición de la democracia. Un paso determinante.
PSOE y Unidas Podemos siempre habían dicho que no harían público el documento hasta no tener claro que su apuesta saldría adelante. Ahora, en ambos partidos admiten una mínima duda de que, en el último momento, los republicanos se salgan por la tangente («ERC es ERC», repiten en alusión a su imprevisibilidad). Insisten a la vez en que no sería coherente una marcha atrás, después de mes y medio de negociaciones. Y dan por sentado que el Consell Nacional que los independentistas tienen previsto celebrar el jueves día 2 a las 17 horas (ver página 27) dará el visto bueno a un pacto del que aún ninguna de las partes ofrece detalles, pero que contempla la creación de una mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno sobre el estatus político de Catalunya.
ERC, que reunió ayer a su ejecutiva, ayudó a apuntalar esa idea a través de de su secretaria general adjunta, Marta Vilalta. «Sólo podemos comprobar si van en serio –defendió en referencia al PSOE– si lo intentamos».
La otra pista de que el optimismo de los partidos que pretenden formar Gobierno no es exagerado la ofreció EH-Bildu. Los independentistas vascos siempre tienden a ir de la mano de ERC en decisiones de esta naturaleza, y también ayer, a las diez de la mañana, anunciaron que, una vez se conozca la fecha de la investidura, propondrán a sus bases una abstención. En un comunicado, la formación de Arnaldo Otegi argumentó que un Ejecutivo como el que pretenden constituir el PSOE y Unidas Podemos es la «última oportunidad» para demostrar que existen condiciones para una «democratización real del Estado», lo que en su lenguaje implica hablar, entre otras cosas, del derecho a la autodeterminación.
Más agenda social
En realidad, de ese asunto no dice nada el texto de casi 50 páginas que el domingo, en torno a las 20 horas, terminaron de cerrar en la Moncloa Sánchez e Iglesias, junto con el secretario general de presidencia, Félix Bolaños, y la dirigente de Podemos Ione Belarra. La cuestión catalana se ventila en dos líneas ambiguas: «Abordaremos el conflicto político impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes, que permitan superar la situación actual». Y aunque, al mismo tiempo, ambas fuerzas se comprometen a impulsar una «mejora y clarificación de la distribución competencial», dejan en manos de un «comité de expertos» la tarea de hacer propuestas, una fórmula a la que habitualmente se recurre en política para aplazar la resolución de cuestiones espinosas.
PSOE y Podemos –que reservan la explicación sobre la estructura de su Gobierno y el reparto ministerial para después de la investidura y ayer rechazaron someterse a las preguntas de la prensa (solo permitieron el acceso de cámaras a la sala donde sus líderes sellaron su acuerdo)– , decidieron en su día que serían los socialistas los que llevarían la voz cantante en las cuestiones relativas a la política territorial. No en vano, el acuerdo que dieron a conocer ayer se centra más en cuestiones sociales y tributarias, entre otras, como la subida del salario mínimo profesional hasta llegar al final de la legislatura al 60% del salario medio; el incremento del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros; la fijación del impuesto de Sociedades en un 15% para grandes empresas, y hasta el 18% para entidades financieras y para las petroleras. En otro orden de cosas plantean, por ejemplo, declarar el 31 de octubre como día de recuerdo para las víctimas del franquismo, y el 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio.
Tal y como están las cosas, los socialistas descartan prácticamente la investidura el día 5, pero sí se plantean que el debate pueda empezar el día 4 con una primera votación el 5, y la segunda y crucial el día 7.
