BCN World: otra vuelta de tuerca

La posición contraria al proyecto del CRT en sus inicios tuvo en Vila-seca una especial significación: muchos no llegaron a entender una ley que avalaba la justificación del interés social para la expropiación de una gran parte de los terrenos con un fin urbanístico. Se decía que el parque necesitaba del componente residencial para funcionar. Hoy, 20 años después, se ha demostrado que puede funcionar sin el modelo urbanístico residencial. Los tiempos pasan y todo el mundo está dispuesto a admitir que, a pesar de aquella expropiación injusta, el modelo de Port Aventura es un referente turístico y de crecimiento económico a nivel local y territorial. Por eso, cuando surge BCN World y se prioriza el modelo hotelero, comercial y de servicios frente al urbanístico, muchos creímos ver en ello la mejor manera de cerrar aquella expropiación injusta y pensamos que merecía la pena negociar y que el territorio ganara en crecimiento económico y turístico… Eso sí, no a cualquier precio. De ahí la serie de garantías que siempre se han exigido al futuro desarrollo de BCN World, donde el modelo residencial no tenía cabida (y así lo manifestaba el diputado de CiU Albert Batet en el Ple del Parlament: «...un pla urbanístic on no hi haurà habitatges, sinó equipaments d’oci que crearan recursos i riquesa»).

En un intento de salvar el proyecto, la Generalitat intenta ‘trocear’ el CRT y firma un convenio con La Caixa, que es la síntesis del descrédito de la política que sienten los ciudadanos: un convenio para la opción de compra de unos terrenos pero que marca las condiciones urbanísticas de los terrenos que no son objeto de compra. Si en su día en el ámbito del CRT con 495.000 m2 de techo edificable que amparaba la creación del 2.500 viviendas, ya generaba dudas en torno a la movilidad, el consumo de recurso naturales, energéticos, etc… Ahora, en el techo edificable para la zona de los casinos se habla de cifras que superan los dos millones de m2 (con alturas inimaginables), a los que habrá que sumar las 4.100 viviendas que la ordenación pactada con la Caixa permitiría. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a masacrar el territorio? ¿Ese es el modelo de crecimiento responsable? Esperemos que cuando los municipios afectados tengan que hablar, lo hagan con mejor criterio y más sentido común que los que únicamente miran su propio interés. Sólo la idea de que es posible hacer otro tipo de política nos hace no perder la esperanza en la condición humana.