Cordones sanitarios

La creciente cainización del debate público está propiciando una dinámica parlamentaria donde el contenido sustancial de los proyectos se ha convertido en un factor secundario, frente a la simple identidad de sus proponentes y defensores, que pasa a ser la cuestión fundamental que determina la respuesta del resto de grupos políticos. La gestación de los próximos Presupuestos Generales del Estado probablemente constituya un caso paradigmático de esta tendencia, pues la discusión apenas se adentra en las partidas que lo componen, sino en la posibilidad de que cuenten o no con el respaldo de Bildu. Son varios los argumentos que se han esgrimido para defender esta condena apriorística.

Por un lado, desde algunas tribunas políticas y mediáticas se ha defendido vehementemente este cordón sanitario, acusando a la izquierda abertzale de no haber condenado nunca la violencia. Se trata de una verdad a medias, puesto que EH Bildu es una coalición formada por diferentes partidos, varios de los cuales han mantenido siempre una oposición clara al terrorismo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Aralar (organización fundada por Patxi Zabaleta, quien estuvo amenazado por el entorno etarra por exigir la disolución de la banda) o también en Eusko Alkartasuna (escisión del PNV, impulsada por el antiguo lehendakari Carlos Garaikoetxea). El propio Oskar Matute, actual diputado de Bildu, fue miembro del colectivo Lokarri, un movimiento pacifista que siempre rechazó la lucha armada. Simplificar la realidad puede resultar eficaz para convencer al sector ovino de nuestra audiencia, o incluso para autosedarnos mentalmente ante situaciones cuya complejidad no cuadra con nuestros prejuicios, pero no deja de ser un ejercicio pueril que degrada el debate público.

Durante los ‘años del plomo’, los partidos democráticos hicieron un llamamiento sincero a la izquierda abertzale para rechazar la lucha armada y sumarse a la actividad parlamentaria con plena legitimidad

En segundo lugar, también se ha afirmado abiertamente que los miembros de Bildu son los herederos de ETA. Ciertamente, parece innegable que la base electoral de este partido incluye a los votantes que en el pasado respaldaron a Herri Batasuna, brazo político del terrorismo. Aun así, si aceptamos el recurso a los orígenes como argumento para excluir a una formación de participar en el juego democrático, más les valdría cerrar la boca a algunos de los partidos que hoy se escandalizan de la actividad parlamentaria de Bildu. Supongo que no hace falta recordar que el fundador de Alianza Popular, germen del PP, fue Manuel Fraga, fiel colaborador de un dictador que mantuvo a todo un país bajo la bota militar durante cuatro décadas.

Esta misma semana, durante una entrevista en TVE, el dirigente popular Antonio González Terol dejó caer que, «como todavía hay trescientos asesinatos de ETA sin esclarecer, los actuales diputados de Bildu lo mismo han sido copartícipes de los mismos». Semejante barbaridad demuestra el respeto que algunos autodenominados demócratas sienten por los principios del Estado de Derecho, empezando por la presunción de inocencia. Por la misma regla de tres, teniendo en cuenta la cantidad de dirigentes del PP condenados por corrupción, podríamos afirmar que, como todavía hay cientos de malversaciones por esclarecer, el Sr. González Terol lo mismo ha sido copartícipe de estos delitos. La competición que se ha desatado en la derecha española por ver quién la dice más gorda tiene estas bochornosas consecuencias. 
De hecho, el intento popular de rasgarse las vestiduras ante el respaldo de la izquierda abertzale a los PGE se viene abajo tirando de hemeroteca. El propio Javier Maroto, uno de los colaboradores más estrechos de Pablo Casado, defendió repetidamente sus acuerdos con la antigua Herri Batasuna siendo alcalde de Vitoria-Gasteiz: «No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie. Y creo que eso es bueno. Ojalá cundiese el ejemplo. Hay mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio». Lástima que el sentido común que demostró el actual portavoz del PP en el Senado sea hoy sinónimo de filoterrorismo en la calle Génova.

Me gustaría recordar un párrafo del Pacto de Ajuria Enea, firmado en 1988 por los populares: «Dirigimos un llamamiento a quienes aún continúan utilizando o legitimando la violencia para que, por respeto a esa misma voluntad popular, abandonen las armas y se incorporen a la actividad institucional, desde la que estarán legitimados para defender, por vías pacíficas y democráticas, sus propios planteamientos políticos». En efecto, durante los ‘años del plomo’, que algunos sufrimos muy de cerca, los partidos democráticos hicieron un llamamiento aparentemente sincero a la izquierda abertzale para rechazar la lucha armada y sumarse a la actividad parlamentaria con plena legitimidad.

Hoy ETA ya no existe, la violencia ha abandonado las calles de Euskadi, Bildu es una coalición perfectamente legal, y sus diputados comienzan a implicarse en las dinámicas de gobernanza con el resto de formaciones. Y, una vez logrado este sueño de décadas, la derecha exige excluirlos de la vida democrática como a apestados políticos, una apuesta que podría tener consecuencias funestas en caso de triunfar, porque daría la razón a los sectores que aún desearían volver a empuñar las pistolas.

Viendo cómo la Moncloa gestiona otros muchos asuntos, no tengo la menor duda de que el proyecto de presupuestos tiene numerosos y sustanciales puntos de mejora, siendo generosos. Convendría centrar el debate en esas cuestiones, y no en quién vota a favor o en contra del texto. Este último factor no mejora ni empeora, por sí mismo, las cuentas planteadas. Sin embargo, contar con unos buenos PGE, ante el complejísimo escenario que se abre ante nuestros ojos, resulta de una importancia vital. Literalmente. No seré yo quien niegue los aspectos siniestros que aún rodean a Bildu, pero si PP, VOX y Cs se empeñan en hablar sólo de esta formación, tendremos que llegar a la triste conclusión de que realmente, para ellos, el futuro sanitario y económico del país es un asunto sacrificable en beneficio del rédito electoral.

*Dánel Arzamendi. Colaborador de Opinió del ‘Diari’ desde hace más de una década, ha publicado numerosos artículos en diversos medios, colabora como tertuliano en Onda Cero Tarragona, y es autor de la novela ‘A la luz de la noche’.