Justicia y política

Los registros que llevó ayer a cabo la Guardia Civil en las sedes de la Fundación CatDem y de Convergencia Democrática, en la calle Córcega, así como en el domicilio del exadministrador del partido Daniel Osácar y de diversos ayuntamientos, han sido lógicamente realizados por mandato judicial a instancias de la fiscalía. Nada hay, pues, de extraño ni de censurable en unas medidas que tienden a desentrañar episodios vergonzantes del principal partido del nacionalismo catalán, involucrado en el cobro de comisiones a los adjudicatarios de contratos públicos, como es de dominio público en Catalunya.Dicho esto, el asunto no tendría recámara si hubiera una escrupulosa separación entre Justicia y política. Pero no la hay. Los órganos judiciales colegiados que elige el parlamento, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, son provistos mediante el sistema de cupos entre profesionales del Derecho afines a las organizaciones políticas, y los beneficiarios llevan con descaro la etiqueta del partido de origen. No es, pues, extraño que cuando suceden acontecimientos como los registros de ayer haya susceptibilidades, sospechas, insinuaciones y denuncias de parcialidad. Está demasiado cerca el 27S para que todo en este asunto sea inocente. Y el perjuicio no es para los actores involucrados en la urdimbre delictiva sino para la democracia misma, que pierde su prestancia al verse envuelta en sospechas de manipulación.