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La administración Trump acaba de anunciar que va a relajar la normativa de protección de especies en peligro de extinción de Estados Unidos. Esta ley, firmada por el presidente Richard Nixon en 1973, ha sido una poderosa herramienta de protección de la vida silvestre en el país. Está probado que ha servido para preservar a especies como el águila calva, el oso pardo o el cocodrilo americano, entre otras especies que se encontraban al borde de la desaparición. Pero a pesar de que la norma es muy popular entre los estadounidenses, que se ha demostrado efectiva y que fue aprobada por los dos partidos, a Trump le da igual.
Para evitar la controversia y la batalla que le supondría cambiar el texto legal a través de un trámite en el Congreso, la Administración Trump simplemente anunció que cambiará la forma en que el gobierno federal hace cumplir esa ley, lo que, en efecto, se traducirá en el debilitamiento de las protecciones para las especies y posiblemente darán más margen de maniobra a ciertas industrias para trabajar áreas donde hoy viven animales amenazados.
Los cambios van a hacer más difícil designar especies amenazadas o zonas de protección, y abre la puerta a que se tomen en consideración factores económicos durante ese proceso relegando criterios medioambientales o animalistas para priorizar los de la industria.
Trump es un negacionista del cambio climático y sabemos que su Administración está muy influida por los intereses de la industria energética. Esos intereses parecen pasar ahora por encima del interés general y –sorprendentemente– por encima de la opinión mayoritaria de los ciudadanos.
El portal de información Vox recoge dos datos que son muy elocuentes cuando hablamos de esta ley de 1973. El primero es su popularidad. Alrededor del 83 por ciento de los estadounidenses la apoya, de acuerdo a una encuesta de la Universidad Estatal de Ohio, incluida una mayoría de ciudadanos conservadores que votan a Trump por otras de sus políticas. Y el segundo: su eficacia probada. La ley ha evitado la «extinción del 99 por ciento de las especies que protege», según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.
Advertencia de la ONU
Hace tan solo unos meses, la ONU emitió un informe devastador elaborado por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES). Los académicos contratados por el organismo internacional concluyeron que «alrededor de un millón de especies de animales y plantas [en el planeta] están ahora en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas, lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad».
Estos más de 400 expertos en cincuenta países que participaron en el reporte, explican también que «la tasa global de especies extintas ya es por lo menos de diez a cientos de veces mayor que la tasa promedio en los últimos 10 millones de años y se está acelerando». Pero la advertencia de la ONU parece que no es suficiente ni para Trump ni para la industria minera y de combustibles fósiles que ha cabildeado el cambio de implementación de la popular norma del año 1973.
Estados Unidos está, poco a poco, dejando de ser el referente que ha sido durante décadas para muchos países. Alguno podría pensar que esto es un problema de los estadounidenses. Pero no. Con decisiones como ésta, no solo se muestra un camino a otros gobierno populistas del mundo que pueden tomar el ejemplo para sus propias normativas nacionales. También se afecta a los interconectados ecosistemas del planeta en el que vivimos todos.
La biodiversidad de la tierra no le pertenece a unos pocos lobistas, a una industria determinada o a unos políticos irresponsables. La biodiversidad del planeta es nuestra y la tenemos que defender entre todos.
*Gustau Alegret es director de noticias en Estados Unidos de NTN24 y corresponsal de RAC1. También es experto en comunicación política y corporativa.
