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Opinion EL VORAVIU

La independencia de la Fiscalía

Con un PP radicalizado, el PSOE se suma a los miedos y airea su cara más intransigente. No hay resquicio para pactar

Diari de Tarragona

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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en un desayuno informativo. JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en un desayuno informativo. JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

La causa del procés, que mantiene en prisión preventiva a parte del anterior Govern de la Generlitat y a los Jordis (que ya han cumplido un año de privación de libertad), está poniendo a prueba el Estado de Derecho y la separación de poderes. Si bien es cierto que nadie discute la independencia entre el poder ejecutivo y el poder judicial, siempre surge el debate si este principio rige también para la Fiscalía, un órgano judicial que depende del Gobierno de turno. El argumento para incluir la Fiscalía en la jerarquía del Ejecutivo radica en el relevante hecho de que el máximo responsable del organismo fiscal es nombrado directamente por el Consejo de Ministros. Se puede proclamar abiertamente que la Fiscalía es un órgano independiente, pero en todos los casos que el Gobierno lo permita. Si no fuera así podríamos preguntarnos qué hacía el desaparecido fiscal general Maza en las reuniones con Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría para preparar el despliegue del artículo 155 en el caso de que Catalunya celebrara un referéndum de autodeterminación. Es evidente que los gobiernos modulan la actuación de la Fiscalía a tenor de los intereses del Ejecutivo y si el máximo responsable del Ministerio Público no comulga con los principios del poder gobernante, sencillamente se le sustituye hasta dar con la figura sobre la que no sea ni necesario influir. Sorprenden pues los desvelos del Gobierno de Pedro Sánchez por demostrar su ecuanimidad respecto a la actuación de la Fiscalía. En apenas un día hasta tres ministras han replicado al independentismo que el Gobierno no contempla interferir en la tarea de los fiscales para que se cambien las acusaciones contra los procesados por el 1-O. El cambio de actitud del gobierno socialista respecto al problema catalán podría plasmarse en hechos con una recalificación de las acusaciones contra los líderes políticos presos. Con un PP radicalizado para combatir a Ciudadanos y frenar la expansión de Vox, el PSOE se suma a los miedos y airea su cara más intransigente. No hay resquicio para una solución.

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