La suspensión del autogobierno de Catalunya

La aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el proceso independentista se ha concretado en la más drástica, y seguramente la peor, de las fórmulas posibles. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cesará al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto del Govern. Rajoy se arrogará la capacidad de disolver el Parlament y anuncia su intención de convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses (prorrogables). Las funciones del gobierno catalán quedarán sometidas a las directrices de los órganos o autoridades que designe el Ejecutivo español, que en principio serán los ministerios. Las competencias del Parlament también serán restringidas. La cámara no podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Catalunya –potestad que corresponderá al organismo que designe el Senado– y las resoluciones que se adopten estarán sometidas a derecho de veto por parte del Gobierno de Madrid. Estamos, por tanto, ante la suspensión de facto del autogobierno de Catalunya.
 La ruptura de la legalidad constitucional que supone el proyecto independentista encabezado por Puigdemont y Junqueras hacía previsible una respuesta del Estado al amparo del artículo 155, pese a que el propio presidente de la Generalitat haya reconocido implícitamente que todavía no se ha producido ninguna declaración de independencia. Este matiz abría la posibilidad de celebrar unas elecciones anticipadas convocadas por el propio Puigdemont, opción ahora casi inviable.
Decíamos ayer que las elecciones son el único camino transitable ante el callejón sin salida en que se encuentra el proceso soberanista y la gravedad de los riesgos que afronta la sociedad y la economía de Catalunya, fruto de la irresponsabilidad de sus gobernantes. Pero la supresión de la autonomía y la toma de las instituciones que suponen las medidas aprobadas por el Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE y C’s, serán una dificultad añadida para hallar una solución política y un regreso progresivo a la normalidad, porque sus consecuencias pueden resultar irreparables.