Las tarjetas de los diputados

Escándalo mayúsculo el que se formó cuando trascendió a los medios de comunicación las famosas tarjetas black de Caja Madrid. Sí, las que tenían los altos cargos de estas entidad rescatada con fondos públicos para que pudieran comprar lo que quisieran, como pagarse unas vacaciones en un lugar paradisíaco. No sé si el uso de estas tarjetas puede constituir delito –para ello están los jueces–, pero los que a los utilizaron tendrían que caerles la cara de vergüenza. Porque mientras ellos disponían del dinero a su antojo, los afectados por las compras de preferentes de la entidad luchaban por recuperar algo de su dinero.

Ahora –a unos meses de las elecciones–, el Gobierno del PP ha querido hacer un acto de contingencia y «pedir» a los altos cargos de las empresas públicas que se olviden de ir en primera o en Business en aviones y trenes, que lo hagan como la mayoría de los ciudadanos. Pero sólo es una recomendación, una sugerencia. Es muy fácil gastar el dinero de otros.

Y mientras tanto, los diputados y senadores pueden hacer sus viajes y actividades sin tener que justificar sus gastos. Mal vamos. Si en cualquier empresa privada los trabajadores tienen que rendir cuentas –con los famosos justificantes de comidas y autopista– sobre dónde han ido y para qué, los servidores públicos tendrían que dar ejemplo, porque el dinero que ellos se gastan proviene de los ciudadanos. Y estos tienen el derecho de saber dónde van sus impuestos, si en viajes de trabajo o de placer. Mientras no haya transparencia, es normal que seamos recelosos de nuestros representantes políticos.